El Gobierno ha sacado adelante este jueves en el Congreso la polémica reforma legal que suprime el delito de sedición, modifica el de malversación y cambia la ley del Poder Judicial para tomar el Tribunal Constitucional.

Lo ha hecho después de que el propio TC haya aplazado al lunes el pleno para decidir sobre la reforma legislativa del Ejecutivo, y tras un debate parlamentario muy tenso entre acusaciones cruzadas de “golpe de Estado” o “ataque" a la democracia.

Se ha sabido que los cinco magistrados progresistas amenazaron con abandonar el Pleno del TC si se votaba frenar el plan del Gobierno, tras el recurso del PP. Sin quórum no se podía celebrar. Entonces, el presidente del TC, González Trevijano, les hizo firmar su negativa a participar en el cónclave.

Y con el cinismo que le caracteriza, Pedro Sánchez, desde Bruselas --muy alejado de la polémica y sin dar la cara-- acusa a la "derecha política y judicial" de "querer atropellar" la democracia, que es justamente lo que ha hecho él.