(Oído en radio, visto en TV) Plataforma 'Más Plurales’, en RNE: “Nosotros no estamos en una defensa de la concertada sino en una defensa de la libertad de enseñanza”

En RNE, el portavoz de la plataforma Más Plurales en defensa de la educación concertada, Jesús Fernández de Priego, ha asegurado que no descarta que haya más movilizaciones "contra los ataques a la libertad de enseñanza" que contiene la ley Celaá.

“Lo correcto, lo más adecuado, sería darnos cuenta de que esta no es la ley que necesitamos, y no es la ley que queremos sino la que no queremos porque requerimos una ley que sea fruto de un pacto de Estado por la educación, que es lo que reconocieron todos los grupos políticos en estas últimas legislaturas y procesos electorales, que era una exigencia no solo de la comunidad educativa sino de la sociedad. Nos gustaría que la ley se retirara y fuéramos a una ley con un pacto de Estado, con un debate. Pero si no es posible, al menos que se minimicen esos riesgos y ataques evidentes que suponen al ejercicio de la libertad de enseñanza”.

Preguntado por si va a haber más movilizaciones, ha señalado que “todo dependerá del movimiento que se produzca dentro de la tramitación parlamentaria. Aún estamos a tiempo. La ley va a ir al Senado. Ahí se pueden producir modificaciones y enmiendas. En el Congreso en el último momento se estuvo muy cerca de propiciar algunas enmiendas. Habrá que ir viendo el movimiento en la tramitación parlamentaria y según ese movimiento actuaremos, no solo durante la tramitación parlamentaria sino también después. Lo que sí tengo claro es que estas intervenciones en defensa de la libertad de enseñanza han venido para quedarse”.

Respecto a qué modificaciones piden, el portavoz de la plataforma Más Plurales en defensa de la educación concertada, Jesús Fernández de Priego ha proseguido: “La ley supone un listado de ataques a la libertad de enseñanza que es extensísimo, desde la retirada de la demanda social como elemento a tener en cuenta en la programación de plazas por la administración. Es decir, en la regulación actual, en vigor, la demanda social no es el único criterio que tiene que tener en cuenta la administración para decir dónde van a estar las vacantes, ni siquiera el más importante, es uno entre tantos pero el Gobierno pretende eliminar cualquier referencia a la demanda social y por tanto esto nos lleva a una planificación unilateral de la administración donde puede decidir dónde van las vacantes con absoluta independencia de lo que quieran o pidan las familias. O la aparición que hay en la ley de un derecho a la educación pública, el derecho que existe constitucional es el derecho a la educación, y eso supone el acceso universal a la enseñanza y se garantiza con la existencia de plazas gratuitas en centros sostenidos con fondos públicos y por tanto también en las plazas de los concertados. Sin embargo la ley pretende engañarnos y hacernos creer que el derecho a la educación solo se garantiza en plazas de centros de titularidad de la administración pública. Esto lleva a una concepción de subsidiariedad de la enseñanza concertada con respecto a la pública que ha sido profunda y reiteradamente rechazado por el Tribunal Supremo".

Fernández de Priego ha proseguido explicando los desastres de esta ley: “Y después están los ataques a la asignatura de religión, a la diferenciada a la que se le quita la concertación y la no garantía de supervivencia de los centros específicos de educación especial. El tratamiento del idioma español. La insistencia en los derechos de la infancia, pero cambiando el garante: pasan de ser las familias a ser más administración pública, incluso frente a las familias o a las decisiones educativas de las familias. O incluso la posibilidad que establece la ley de distribuir unilateralmente al alumnado con desventaja social, educativa o económica: repartirlos como si fueran naipes cuando en nuestra opinión tendría que hacerse justo lo contrario, es decir, dotarles de mucha más puntuación en los criterios de admisión de alumnos para que esos alumnos con desventaja fueran precisamente los que pudieran elegir preferencialmente el centro. Luego el listado de agravios que se establece a la libertad de enseñanza es muy elevado”. “Nosotros no estamos en una defensa de la concertada sino en una defensa de la libertad de enseñanza: de que el padre que quiera elegir una escuela de pública de titularidad de la administración pública pueda hacerlo y de que el padre que quiera elegir un centro concertado con un determinado ideario también pueda hacerlo”.

“Sin libertad de enseñanza, quienes tienen recursos económicos podrán elegir”. “Para los que no (los tengan), supondrá la imposición de un aula de una clase concreta, de un modelo de educación determinado que siempre será en una escuela pública. Es decir, la tendencia de la ley nos lleva hacia una escuela pública única, hacia un monopolio educativo de la administración”.

"Todo el mundo reconoce la necesidad de fijar el coste real del puesto escolar. Evidentemente, a la enseñanza concertada se le está pagando muy por debajo de lo que supone la prestación del servicio educativo básico. De media estatal, una vacante en un centro público le cuesta al erario público unos 6.000 euros. Y una plaza en un centro concertado le cuesta al erario público 3.000 euros. Esto es una discriminación hacia los alumnos, hacia las familias, que eligen enseñanza concertada en el ejercicio de una libertad pública que es inadmisible".

"Es cierto que esas aportaciones voluntarias probablemente no se solicitarían si el centro (concertado) tuviera la financiación cubierta, cosa que no la tienen porque la administración está pagando de menos, pero siguen siendo voluntarias. Por lo tanto, cualquier padre que quiera elegir un centro concertado sin ningún tipo de recursos podrá hacerlo porque no tiene un coste la prestación de un servicio educativo en sí".

"En algunos centros públicos la administración cubre algunos servicios, como es el del transporte escolar, pero en los centros concertados de la mayoría de las CCAA no los cubre. Y por tanto eso tiene un coste para el centro que necesariamente tiene que repercutir en aquellos que tío reciben ese servicio".

En la COPE, Carlos Herrera subrayaba: “Los españoles que consideran que el Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha un ataque devastador contra la libertad debía ser contestada en la calle, ayer lo hicieron. Si el Gobierno no quiere ver el clamor de la calle que no lo vean, pero cualquiera de los susurradores de caballos que hay en Moncloa y que recuerdan a Sánchez que es mortal que le digan que los españoles que protestaron están ahí. Esta ley, por muchos cuentos que nos quieran contar, castiga al castellano, a la educación especial y quiere acabar con la importancia del esfuerzo. Esta es la Ley Celaá.

En función de las competencias de cada Gobierno regional se aplicarán las leyes más comprometidas de esta ley en función de sus criterios. Desde el Gobierno lo verán como una especie de rebelión, pero los estatutos de cada comunidad lo pueden hacer, al igual que ya lo hizo a su manera Cataluña”.

En Onda Cero, Rubén Amón lanzaba sus preguntas: “Ha ganado Ciudadanos las elecciones generales? Perdonad esta alucinación pero es que ayer las calles de llenaron de color naranja.

Luego descubrí que naranja era el color de la marea con que se protestaba la Ley Celáa. ¿Se le puede atragantar a Sánchez la calle o fue el de ayer un episodio circunstancial?

En espera de que se pronuncie el Supremo sobre los recursos de inconstitucionalidad, ya si eso dentro de unos años, ¿Cuánto margen tienen las CCAA para rectificar o neutralizar la Ley Celáa?

¿Hasta dónde han llegado las heridas entre el PSOE y Unidas Podemos? Creo que lo que les une es mucho más grande de lo que los separa.

¿Os preocupa que la carrera no ya por la vacuna sino por la vacunación ponga en peligro la solidaridad europea? Esperemos que no se reproduzcan los empujones que se produjeron en el mercado de batas y mascarillas.

¿Cuál ha sido vuestra reacción al escuchar a Sánchez garantiza, GA-RAN-TIZA- una estrategia de vacunación única en toda España?”.

En Onda Cero, Fernando Ónega decía: “Yo creo que la verdad completa no la dice nadie. A lo que asistimos es a una batalla política donde todo se exagera para movilizar a la sociedad. La enseñanza concertada, evidentemente, no se acaba: sería una locura terminar con ese sistema. Ahora bien: algunas declaraciones de la ministra hacen inevitable la sospecha.

Si Celaá limita la defensa de su ley a asegurar que ningún profesor de la concertada perderá su puesto de trabajo, suena a algo parecido a la reconversión. Y si la Ley establece tales condicionantes de inspiración ideológica y busca una supuesta equidad mal explicada, también es evidente que la libertad de los padres para elegir centro educativo se verá limitada. Y ese es el tema. La elección de centro es un derecho básico de la familia.

Cualquier limitación atenta contra ese derecho, con lo cual es legítimo combatirla y posiblemente sea legítimo que algunas comunidades autónomas se nieguen a aplicar la norma, en uso de las competencias transferidas. Ante ello, mi posición es la siguiente: si la educación concertada ha sido útil y respondió a las necesidades educativas durante 35 años, no hay por qué cambiarla. Si hacerlo crea desconcierto en la sociedad, se debiera reconsiderar en su tramitación en el Senado. Y lo fundamental: cualquier derecho, incluido el de elección de centro, no es el que diga un gobierno; es el que el ciudadano cree que le ampara. Si un ciudadano no se siente libre, es que le han cercenado una parte de su libertad”.

En la COPE, el economista José María Gay de Liébana apuntaba: “Aparentemente, la reforma de las pensiones queda zanjada hasta que vuelva a reformarse… otra vez. Un detalle sustancial: para que los pensionistas puedan cobrar pensiones dignas, se necesitan cotizantes en activo con dignas cotizaciones. Para eso, la economía tiene que funcionar hoy, que no lo hace, y en el futuro, que habrá que ver si lo hará. Porque de aquello de reconstruir y hacer viable nuestra economía, con engendro de Comisión montada en el Congreso, nunca más se supo. Prometer buenas pensiones es fácil. El problema estriba en que nuestra modelo de economía, tanto el actual como el que surge en la era Covid, permita a la gente trabajar y cotizar suficientemente para atender los desembolsos por pensiones. Hoy la tasa de paro en España es del 16,5%. Dobla a la de la Zona Euro (8,3%) y muy por encima de la de la UE (7,5%). En cambio, Chequia tiene un paro del 2,8%; Alemania, 4,5%; Irlanda, 5,4%; Francia, 7,9%; Italia, 9,6%; Países Bajos, 4,4%; Polonia, 3,1%; Malta, 4%, y EE.UU, 7,9%. Desde 1980, la tasa de paro promedio en España es del 17%.

Lo tremendo en España es el paro juvenil, menores de 25 años, que rompe cualquier registro: 40,4%. Nuestros jóvenes son el futuro del país y de ellos dependen las pensiones. El problema en España es que persisten las situaciones de desempleo: el 43% de los parados lleva más de un año buscando empleo. Los trabajadores golpeados por esta crisis suelen ser los de menos formación. No disponemos de mecanismos efectivos que refuercen políticas activas de empleo, seguimiento y orientación de los desempleados. Hay que apoyar la formación continua y han de promoverse contratos flexibles para jóvenes y empresas, con bonificaciones para los colectivos más mayores y con menos cualificación. Porque, con ese panorama, la sostenibilidad de las pensiones, por más que se reforme, se turba”.

En Onda Cero, Carlos Alsina destacaba: “Las navidades las van a pasar en un campamento de Canarias miles de personas procedentes de países de África que ya han sido rescatadas por Salvamento Marítimo o que lo serán en las próximas semanas. El gobierno de España copia al griego y aplica en Gran Canaria el modelo Lesbos. A donde llegan los inmigrantes, ahí se quedan. En campamentos mastodónticos disuasorios. Nada de seguir viaje a la Península. En Canarias, a esperar a ser repatriados.

Repatriación, control de fronteras y devoluciones en caliente. La política migratoria de Sánchez es la política migratoria de Rajoy. Dónde quedó el Aquarius y la acogida que se les dispensó a aquellos: las administraciones peleándose por aparecer en la foto humanitaria. Ahora el mensaje es éste: Canarias como final del viaje. Y punto de partida del viaje de regreso.

De traslados a la Península, por tanto, nada. Lo pida el presidente canario, que es del PSOE, o lo pida Podemos, que es el gobierno. El viernes informó el ministro de Inclusión Escrivá del plan para incluir en los campamentos hasta a siete mil personas.

Y al día siguiente ya estaba aclarando el ministro Ábalos que no se trata de tener a siete mil personas eternizándose en los campamentos, sino de resolver cuanto antes su devolución a los países de los que salieron”.