(Oído en radio, visto en TV) Raquel Sánchez (RNE): "Queremos que la reforma laboral tenga el máximo consenso"

En RNE, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha asegurado que la reforma laboral estará lista antes de que acabe el año, ha insistido en que es normal que participen en ella varios ministerios y ha subrayado que el objetivo del Gobierno es que el acuerdo cuente con los máximos apoyos posibles. “Nuestra intención es que cuente con el máximo consenso y apoyo social y que cuente también con el apoyo de los empresarios”.

Sobre la ley de Vivienda aprobada por el Consejo de Ministros, Sánchez ha dicho que es una norma que protege tanto a inquilinos como a propietarios y ha pedido al PP que se la lea bien antes de decidir si la aplica o no en las comunidades en las que gobierna. “Tendrán que explicar por qué no aplican un a ley que protege a los ciudadanos”. Sánchez ha afirmado que el bono de 250 euros para jóvenes “no tiene por qué encarecer los alquileres”.

En RNE, Raquel Jiménez, ministra de de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se ha referido a la ley de Vivienda: "Siempre hemos defendido que las grandes reformas cuenten con el máximo consenso posible, y nos gustaría que [la reforma laboral] cuente con el apoyo de los empresarios". "Es una reforma laboral del conjunto del Gobierno. Tiene sentido que un tema de este calado esté liderado por Díaz, pero que también participen otros ministerios con mucho que decir al respecto".

Sobre la Ley de Vivienda, ha apuntado: "No tenemos que ver las medidas desde una perspectiva aislada, sino como un conjunto de actuaciones para corregir los desajustes del mercado". "Es una buena norma, y si [los ayuntamientos] no la aplican, tendrán que dar explicaciones a los ciudadanos".

En Onda Cero, Carlos Alsina comentaba: "A la espera de que los magistrados terminen de poner el huevo (perdón, la sentencia), el criterio que aparece en la propuesta es declarar contrario a la Constitución un periodo tan prolongado sin control parlamentario a la gestión que hace el Gobierno de esa situación excepcional. Y si es así, no será sólo un varapalo (el segundo) al Ejecutivo por acudir a la cámara con argumentos infundados ---traducido: decir que hacían falta seis meses porque lo decían los científicos cuando el motivo real era evitarse el engorro de estar en manos de los grupos parlamentarios cada dos semanas---, sino también al Parlamento por haberse auto amputado la potestad (y la obligación) de controlar al poder ejecutivo. Todo es a toro pasado, es verdad, pero no deja de ser un reproche embarazoso para los grupos parlamentarios que le dieron a Sánchez carta blanca para medio año". 

En Onda Cero, Rubén Amón lanzaba sus preguntas: "¿Por qué se llama Gobierno de coalición al Gobierno de colisión?

¿Y cómo si no puede explicarse el pulso que mantienen Yolanda Díaz y Nadia Calviño a propósito de una reforma laboral y de una mesa de negociaciones que deja en evidencia el comportamiento bipolar de Pedro Sánchez?

¿No es menos fascinante el duelo que se traen la ministra Ione Belarra y la ministra Raquel Sánchez restregándose los méritos y los deméritos de la nueva ley de vivienda?

Muchas veces decimos que la justicia se nos escapa, pero ¿no os parece extremadamente concreto y digno de entusiasmo que el Tribunal Constitucional haya anulado el impuesto de la plusvalía municipal incluso cuando hay ganancia en la venta del inmueble?

¿Sospecháis que este elogio al TC tiene algo que ver con mi situación particular?

¿Cuántos ayuntamientos van a ver condicionados sus presupuestos y qué otros…. qué otros vericuetos -¿vericuetos?- fiscales se improvisarán desde Hacienda y las administraciones para extorsionar a esas almas cándidas que son los contribuyentes?".

En Onda Cero, Fernando Ónega reflexionaba en 'Más de uno' sobre el impuesto de plusvalía municipal tumbado por el Constitucional y por el cual los ayuntamientos ven peligrar su financiación: "Tienes toda la razón. Desde el año 2017, fecha de la primera sentencia que matiza este impuesto, todos los años hubo algo: otra sentencia para que el pago no sea mayor que el beneficio, que solía ocurrir, una propuesta de reforma del PP, otra de Ciudadanos y no sé si alguna más.

Pero en este país últimamente, nada de lo que proponga la oposición merece ser escuchado, mucho menos atendido, porque le puede dar votos. Así que no se hizo nada, Hacienda pensó que cualquiera se mete ahora en el lío de hacer un impuesto de plusvalía más objetivo y así estamos: los alcaldes con el agua al cuello, preguntando cómo cuidan ahora las rotondas y el alumbrado público y espero que alguno preguntando también cómo paga la labor asistencial.

La anulación de la plusvalía es una gran noticia para quien tenga algo que vender, una faena para quien lo hizo hasta hoy, un motivo de cabreo para quien vendió con pérdidas y el ayuntamiento archivó su recurso y un golpe muy serio para las arcas municipales, que son las más próximas al ciudadano. Un bajonazo de 2.500 millones. O más, si es cierto que vuelve la fiebre del ladrillo.

Lo sufren las urbanas y es indiferente para la España vaciada, porque allí ni se compra, ni se vende, ni hay plusvalías que engorden. Y la verdad política de fondo, que quienes legislan con eficacia en este país son los tribunales, auténticos defensores del pueblo. Unas veces, la Justicia ordinaria; casi siempre, como ahora, el Constitucional".

En la COPE, Carlos Herrera analizaba: "Si quieren contribuir a que bajen los precios de la vivienda, no obliguen al que compra pagar una salvajada de escrituras, ni al que vende o al que hereda a pagar una salvajada de plusvalía, que en canciones ni siquiera existe porque no hay ganancia real, por lo menos en los casos de primera vivienda que en fin, volvemos a repetir, es un derecho; ya que estos hablan tanto de los derechos constitucionales, pues es un derecho como algunos les gusta a recordar.

Y mientras tanto, el Gobierno está entre ellos, ya saben ustedes con esa crisis interna por la contrarreforma laboral que impulsa Yolanda Díaz, Cándida Díaz habría que llamarla que se creyó lo que firmó Pedro Sánchez con Pablo Iglesias, que se ha saldado con una solución sorprendente que no soluciona nada ¿no?. Que es crear otra mesa de diálogo entre ministros que llegue a una conclusión definitiva, que hoy parece lejana. Es una especie de, cómo les diría yo, es una especie de salida catalana ¿no?, igual de impropia que la original. Una consagra la bilateralidad entre el gobierno y la Generalidad, saltándose instituciones, etc".

En la SER, el líder de UGT Pepe Álvarez ha explicado esta mañana que los nombres no tienen una gran importancia. "Vamos a la reunión de la misma forma que la semana pasada. Llevamos dos semanas en las que se había avanzado bastante y creo que en la reunión de hoy no va a ser fácil que se mantenga al mismo ritmo".

Álvarez ha explicado que la intención es continuar en el mismo punto en el que lo dejamos en el último encuentro. "Llevamos un año y medio hablando con este Gobierno y ahora tenemos un mes para cerrarlo. Hubiera sido más razonable que este debate en el Gobierno de coalición se hubiese hecho de puertas adentro", ha dicho el líder de UGT.