Hoy informa La Razón de que miles de pacientes españoles tienen limitado el acceso a los únicos medicamentos que les pueden salvar la vida porque las administraciones sanitarias -centrales y autonómicas- los aprobaron con restricciones. Y esto es más fácil que le suceda a un afectado español que a uno alemán, inglés o francés.

Lo prueba el informe anual Indicadores de acceso a terapias innovadoras en Europa (W.A.I.T. Indicator), elaborado por la consultora Iqvia para la Federación Europea de Asociaciones de la Industria Farmacéutica (Efpia), que constata que España tiene el mayor porcentaje de disponibilidad restringida  -ya sea por protocolos fármacoclínicos o por restricciones en las indicaciones- con un 41%. Es decir, que del 53% (85) de los medicamentos disponibles en nuestro país sobre el total de autorizados en Europa (160), cuatro de cada diez lo están con algún tipo de restricción en su uso. Ese porcentaje es del 1% en Alemania, del 13% en Italia, del 15% en Francia y del 39% en Inglaterra, explica La Razón.

Por tipo de medicamentos innovadores, en el ámbito oncológico la restricción afecta a cuatro de cada diez de los autorizados, en el de los medicamentos huérfanos a cerca de la mitad (48%) y, en terapias combinadas, -aquellas que requieren que se trate al paciente con dos o tres fármacos al mismo tiempo, como sucede en muchos tipos de cáncer- del 41%.

Las razones por las que se aplican restricciones a la financiación de un fármaco en el Sistema Nacional de Salud son mayoritariamente económicas

Las razones por las que se aplican restricciones a la financiación de un fármaco en el Sistema Nacional de Salud son mayoritariamente económicas. Los medicamentos innovadores suelen salir al mercado con un alto precio, y son las administraciones sanitarias de cada país las que deciden como mediar con ese problema. La cuestión es que, de todas las opciones de control de gasto posibles (techo de gasto, pago por resultado, entre otras) la de restringir el acceso por medio de un protocolo fármaco - clínico es la que más afecta a los pacientes, que pueden quedarse fuera por no cumplir estrictamente unas condiciones de mejoría que no son realistas. Esto es especialmente grave si, como pasa en la mayoría de las ocasiones, quedarse fuera significa quedarse sin otra alternativa terapéutica, con la carga de sufrimiento que eso conlleva, añade La Razón.

Un caso reseñable es el de esketamina (Spravato, por su nombre comercial), de Janssen Pharmaceuticals, un antagonista del receptor de glutamato N-metil-D-aspartato (NMDA) para pulverización nasal que constituye el primer mecanismo de acción en 30 años para tratar el trastorno depresivo mayor resistente al tratamiento (DRT), la principal causa de suicido. En diciembre de 2019 fue aprobado por la Comisión Europea para su uso en combinación con otros antidepresivos para adultos con DRT, que no han respondido al menos a dos tratamientos diferentes con antidepresivos en el episodio depresivo moderado o grave actual; y en marzo de 2019 por la FDA para su uso en combinación con un antidepresivo oral para adultos con DRT.  Pero en España, el cuarto país de la UE con más pacientes afectados por depresión mayor  –-1 de cada 6 personas, y donde, el año pasado, se suicidaron 3.900 personas—  la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) ha denegado su financiación, recuerda La Razón.

Una práctica que el informe Wait refleja que sucede más en nuestro país que en otros de nuestro entorno, y que se está agravando con el tiempo. Y es que, si bien nos situamos algo por encima de la media de 40 países europeos, nuestro sistema público de salud dispone de menos nuevos fármacos que los países de referencia en Europa y los incorpora más tarde. En concreto, el tiempo medio que transcurre desde que un nuevo medicamento es aprobado por las autoridades europeas hasta que está disponible para su uso en España a finales de 2021 es ya de 517 días, más de 17 meses de demora. Y el retraso aumenta: al finalizar 2020 era de 453 días, afirma La Razón.

Y todo esto ocurre mientras el Gobierno social-comunista anuncia que se va a gastar 20.000 millones de euros en políticas feministas.

Viva la coherencia y la sensatez de este Gobierno social-comunista.