Decíamos ayer en Hispanidad que la portavoz de Puigdemont, Miriam Nogueras, señaló con nombres y apellidos a jueces y periodistas en el Congreso ante la pasividad de Francina Armengol.

Nogueras mencionó a los jueces Pablo Llarena, Manuel Marchena, Carlos Lesmes o Espejel, a los que se refirió como "togados franquistas". También arremetió contra el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el exdirector de la Policía, Ignacio Cosidó y el coronel Diego Pérez de los Cobos. 

A juicio de Nogueras, también debían ser señalados Ana Rosa Quintana, Mauricio Casals o Antonio Ferreras, por un supuesto delito: colaborar en operaciones para “acabar con Cataluña", ya que son responsables de “fabricar o difundir falsas pruebas” sobre los políticos independentistas y los acontecimientos del país. 

Ahora los acusados responden. Primero Ana Rosa Quintana quien ha asegurado que "a mí, la verdad me la sopla. Me da igual lo que diga esta señora, me da lo mismo porque es una señora que hace de portavoz de su jefe, un señor todavía delincuente aunque luego le amnistiarán, pero todavía es delincuente".

Por su lado, la Asociación de la Prensa de Madrid también ha contestado a la diputada independentista: "considera intolerable el señalamiento contra varios periodista",  "por el simple hecho de que se hayan mostrado críticos con ellos".

Además, apuntan que "el hecho de que las acusaciones y señalamientos se produzcan en sede parlamentaria, desde la Tribuna del hemiciclo, reviste una especial gravedad".

La APM reitera que estas prácticas son contrarias al libre ejercicio de la profesión periodística y recuerda la obligación de los partidos -especialmente de los que tienen representación parlamentaria- de respetar la libertad de expresión y el derecho a la información recogidos en el artículo 20 de la Constitución española.

Por otro lado, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, ha manifestado que “El señalamiento -y la finalidad que de él se desprende- de varios magistrados del Tribunal Supremo resulta inadmisible en un Estado de Derecho uno de cuyos principios fundamentales es la separación de poderes. 

Y lo más inesperado, El Tribunal Constitucional ha acordado por unanimidad mostrar su apoyo explícito a la magistrada Concepción Espejel. Hasta ahora, el tribunal presidido por el progre y socialista Cándido Conde-Pumpido se había mantenido al margen de toda polémica con la amnistía, pero hoy el rumbo ha cambiado: "En la sesión del día de hoy del Pleno gubernativo del Tribunal Constitucional se ha acordado, por unanimidad, hacer constar en acta el apoyo y solidaridad con la magistrada Concepción Espejel Jorquera, que siempre ha desarrollado su función jurisdiccional de forma impecable, íntegra e imparcial, y su preocupación por el cuestionamiento que se ha producido de forma pública, en el ámbito parlamentario".