El Centro de Atención a Menores de Ateca (dependiente de la Fundación Salud y Comunidad, avalada por la Generalitat de Cataluña y la Unión Europea), ubicado en Zaragoza, en el foco de la actualidad estos días por las denuncias de maltratos a los menores a los que prestaba servicio, describe en su web: aquí se “desarrolla un programa especializado de apoyo intensivo a menores -chicos y chicas de entre 6 y 17 años preferentemente- que presenten conductas disruptivas o disociales recurrentes y con nulo o escaso apoyo familiar”. De esta presentación se deduce que ese apoyo que no tienen estos menores, se lo proporcionaría en parte el centro.

Sin embargo, en este centro, concertado con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), dependiente del Gobierno de Aragón, responsable de la tutela de los menores, se han denunciado en los últimos días abusos y maltratos a dichos menores. Hablamos de cigarrillos, quemados  en la piel, golpes y una violación a una menor interna de 17 años.

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Sigamos con la descripción que hace el propio centro en su web: "Para llevar a cabo este programa de actividades el centro cuenta con un equipo de profesionales conformado por la dirección, profesionales del ámbito de los servicios generales -cocina, limpieza, mantenimiento-, educadores y auxiliares educativos, trabajador/a social, psicólogo/a, médico/a, enfermero/a, psiquiatra…”

Pues bien, de ese personal hay cinco detenidos: el director, Iván R.M. y dos educadores y dos auxiliares: Mohamed B. Youssef B., Abdelilah A. y Alexandu R. A.

Mientras padres de los menores explican la situación que sufrieron sus hijos:

Ahora, el Gobierno de Aragón abre expediente a una funcionaria por lo ocurrido en Ateca y rescinde el contrato del centro de menores. Por su parte, la consejera de de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, reconoce "deficiencias" de comunicación e inicia una investigación ante las denuncias de maltrato y abuso de los menores.

Esas "deficiencias" nos recuerdan a las palabras de la consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, Marta del Arco, cuando en marzo de este año, antes de que se detectara la explotación sexual de menroes a cargo de dicho Principado, compareció en el Parlamento a petición de la oposición ante las continuas fugas de menores de los centros. Entonces dijo que eran «casos puntuales, pero graves» porque estas menores eran «muy vulnerables» que, «al no haber recibido afecto de sus padres, lo buscan donde no toca».

En el caso Asturias, en el de Aragón o en el de Valencia, Baleares o Madrid, si su labor era protegerlas, ¿por qué han sido víctimas de explotación sexual? Si en algunos casos el Gobierno les retira la custodia a los padres por la razón que sea, los lleva a estos centros para que los tutele, es decir para que vele por ellos, la autoridad correspondiente y acaban en tramas de explotación o abusados y maltratados, ¿quiénes son entonces los responsables? Desde luego, los menores tutelados no lo son.