Técnicamente se llama “Régimen Penal Juvenil”. Indica cuál es la pena de imputabilidad y establece una serie de medidas de ordenamiento del Código Penal de acuerdo al delito cometido.

En la síntesis del texto del proyecto, al que accedió Clarín, se empieza por lo más fuerte: las edades. "Adolescentes de entre 13 y 18 años".

Detalla que los menores de entre esas edades que delinquen pueden ser privados de la libertad en "establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo" y que se debe comunicar a sus padres de la imputación y los actos procesales. "El juez y el Ministerio Público fiscal velarán en todo momento por la tutela efectiva de los derechos de las víctimas", se explicita.

Si se impone condena condicional, se deben aplicar conjuntamente medidas complementarias, como "asistencia a programas educativos, formación ciudadana, capacitación laboral, concurrencia a los servicios de salud, tratamiento médico o psicológico, obligación de buscar y, en lo posible, obtener un trabajo, concurrencia al tribunal, prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes". 

En cuanto a las penas, serán de 3 a 6 años de prisión "siempre que no haya existido muerte de la víctima, grave violencia física o psíquica sobre las personas, no haya lesiones gravísimas en delitos culposos y no registrare otros procesos o condenas".

La pena podrá reemplazarse por amonestación, prohibición de aproximarse a la víctima o sus familiares, prohibición de conducir vehículos, de concurrir a determinados lugares (como establecimientos de espectáculos o deportivos), prohibición de salir del país o de un ámbito territorial, prestación de servicios a la comunidad o monitoreo electrónico.

La pena máxima que podrán recibir los imputados será de 20 años. Al cumplir 2/3 de la condena, el tribunal podrá disponer que se continúe con algunas de las medidas alternativas. Ante el incumplimiento, se sustituirá por una más severa.

"En los casos de menores no imputables (quienes tienen menos de 13 años), el juez de todos modos investigará la existencia y circunstancias de un hecho ilícito y la presunta intervención de terceras personas. En estos casos, el juez realizará un peritaje psicológico, un informe ambiental, dar intervención a otros organismos. Ante el riesgo de que el menor incurra en nuevos delitos, también podrá ordenar su internación para su readaptación social", se explica.

De esta forma, se determinó oficialmente el proyecto del Gobierno de bajar tres años el piso de la imputabilidad, que hoy es desde los 16 años, a los 13.