La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que la región no cobrará el agua a los propietarios de víctimas de okupaciones, así lo ha anunciado en el Pleno de la Asamblea de Madrid, donde también ha informado que instará a los suministradores de luz y gas a hacer lo mismo. Además, ha anticipado que su Gobierno "contempla una oferta de vivienda temporal en caso de la persona afectada no tenga donde vivir mientras se resuelve su proceso de ocupación ilegal".
"Vamos a seguir desplegando una batería de medidas para ayudar a las víctimas de la okupación, entre ellas, la de no cargar a los legítimos propietarios el gasto del agua que han consumido los ocupantes e instar a los diferentes suministradores de gas y de electricidad estudiar cómo aliviar las facturas de los ocupados", ha sostenido.
Y esta no es la primera medida que el ejecutivo regional de Ayuso toma: ya planteó que el 'okupa' "tuviera que acreditar en 48 horas que tiene "un título" para estar en la vivienda, además la CAM ya celebra 'juicios express' contra los 'okupas' y propuso que los okupas pudieran ser desalojados en 48 horas. Además, anunció que la Comunidad de Madrid considerará víctimas de delitos a los ciudadanos que sufran la okupación y activó el teléfono de atención contra la okupación, que en poco más de un mes ya había recibido más de 300 llamadas.
En España se 'okupan' 47 viviendas al día, un 40% más desde que Sánchez se instaló en Moncloa, y Cataluña en la comunidad más afectada, en concreto, Barcelona, más del 30% de las viviendas okupadas en España están en la ciudad regida por Ada Colau. Esta insostenible situación ha llevado a que los municipios de Sabadell, Terrassa, Rubí, Mataró, Martorell, Vilanova i la Geltrú, Granollers, Mollet del Vallès y Vilafranca del Penedès se movilicen y exigan al Congreso que se aprueben los desalojos de okupas en 48 horas. Estos nueve municipios, que tienen una población de 900.000 personas, sufren más de 4.400 viviendas okupadas.