Canadá fue uno de los primeros países del mundo en legalizar la eutanasia, denominada asistencia médica para morir (MAID, por sus siglas en inglés). Lo hizo en 2016, después de que en 2015, la Corte Suprema canadiense diese un año al Gobierno para regularla tras sentenciar que prohibir el suicidio asistido privaba a los ciudadanos de su autonomía y dignidad. 

La ley fue originalmente aprobada para los mayores de 18 años con enfermedades terminales, pero en 2021 se incluyó a quienes padecen afecciones físicas graves y crónicas, sin necesidad de que sean una amenaza para sus vidas.

Y ahora, el Gobierno canadiense de Justin Trudeau ha propuesto legalizar la eutanasia para los niños, las personas con enfermedades mentales y las personas con demencia que lo soliciten por adelantado, informa LifeSiteNews. O sea, seguir deslizándose por la pendiente resbaladiza o plano inclinado de la eutanasia...

Las recomendaciones del Gobierno canadiense se recogieron en el informe titulado ‘Medical Assistance in Dying in Canada: Opciones para los canadienses’.

En un principio, la ampliación a las enfermedades mentales iba a entrar en vigor el mes que viene. Sin embargo, tras el rechazo masivo de grupos provida, políticos conservadores y otros, los liberales de Trudeau han decidido retrasar la introducción de todos los efectos del proyecto de ley C-7 hasta 2024 a través del proyecto de ley C-39.

El informe también incluía otras seis recomendaciones relacionadas con la ampliación de la eutanasia a los niños, o como el informe los denomina «menores maduros».

Las otras recomendaciones relativas a los niños son las siguientes:

Recomendación 14 - Que el Gobierno de Canadá lleve a cabo consultas con menores sobre el tema de la eutanasia, incluidos los menores con enfermedades terminales, los menores con discapacidades, los menores en el sistema de bienestar infantil y los menores indígenas, en un plazo de cinco años a partir de la presentación de este informe.

Recomendación 15 - Que el Gobierno de Canadá proporcione financiación a través del Ministerio de Sanidad de Canadá y otros departamentos pertinentes para la investigación sobre las opiniones y experiencias de los menores con respecto al MAiD, incluidos los menores con enfermedades terminales, los menores con discapacidades, los menores en el sistema de bienestar infantil y los menores indígenas, que deberá completarse en un plazo de cinco años a partir de la presentación de este informe.

Recomendación 17 - Que el Gobierno de Canadá restrinja el MAiD para los menores maduros a aquellos cuya muerte natural sea razonablemente previsible.

Recomendación 18 - Que el Gobierno de Canadá colabore con las provincias, los territorios y las comunidades y organizaciones de Primeras Naciones, Inuit y Métis para establecer normas para evaluar la capacidad de los menores maduros que solicitan MAiD.

Recomendación 19 - Que el Gobierno de Canadá establezca el requisito de que, cuando proceda, los padres o tutores de un menor maduro sean consultados en el curso del proceso de evaluación para MAiD, pero que la voluntad de un menor que se considere que tiene la capacidad necesaria para tomar decisiones tenga prioridad en última instancia.

Recomendación 20 - Que el Gobierno de Canadá designe a un grupo de expertos independientes para evaluar las disposiciones del Código Penal relativas al MAiD para menores maduros en un plazo de cinco años a partir del día en que dichas disposiciones reciban la sanción real, y que el grupo informe de sus conclusiones al Parlamento.

A pesar de que el informe recomienda que las leyes canadienses sobre la eutanasia se amplíen a los niños, los diputados del Partido Conservador de Canadá (CPC) que forman parte de la comisión fueron claros en su objeción a la relajación de las leyes sobre la eutanasia. Los diputados del CPC expresaron su desaprobación por la forma en que el gobierno federal ha ampliado rápidamente las leyes MAiD, calificándolo de «imprudente».

Las leyes cada vez más permisivas de Canadá han permitido que la eutanasia aumente un 32% desde 2020, con más de 10.000 personas fallecidas solo en 2021. 

Insistimos: la eutanasia y el suicidio asistido suponen traspasar la frontera ética de que la vida es sagrada y ni uno mismo y ni mucho menos un tercero puede disponer de ella. Esa frontera ética está en la conciencia de todas las personas del mundo. Y por eso respetar la vida humana en todas sus etapas, desde la concepción a la muerte natural, es acorde con la ley natural. 

Y esa frontera ética debería estar reconocida por las leyes: como ya está reconocido el ‘no’ a la pena de muerte, al asesinato o al homicidio. Es decir, es la misma razón por la que hay que oponerse también a la pena de muerte, al asesinato o al homicidio: no con un argumento religioso, sino meramente humano y racional.

En los países donde se ha aprobado la eutanasia y el suicidio asistido, está ocurriendo que se empieza permitiéndola sólo en casos excepcionales y por voluntad propia, pero se termina aplicándola sin restricciones, a cualquier persona e incluso en contra de su voluntad, y de manera especial a los más débiles y vulnerables: enfermos mentales, ancianos, discapacitados sobre todo intelectuales..., que no pueden defenderse ante la decisión de otros -el Estado, un médico, los jueces, los políticos, sus familiares- sobre sus vidas.

Se trata de un plano inclinado o pendiente deslizante muy difícil de parar que provoca que la vida no tenga ningún valor, especialmente la de los más débiles y vulnerables, y que sea a ellos a quienes se termine aplicando al eutanasia sin su consentimiento.

Que es lo que está ocurriendo poco a poco en Canadá…