Hispanidad denunció durante el mandato del expresidente de los EEUU Barack Obama que su Obamacare -su sistema de servicios sanitarios- imponía a las entidades privadas católicas ofrecer el aborto como un servicio más de salud si querían recibir una subvención por parte del Estado.
También ha contado Hispanidad que hace unos dos años, el Hospicio Irene Thomas ubicado en Delta (Columbia Británica, Canadá) cerró sus puertas por negarse a practicar la eutanasia. La organización benéfica de la que dependía, Delta Hospice Society, se negó a ofrecer la eutanasia a sus pacientes y, entonces, el Ministerio de Salud canadiense --del Gobierno de Justin Trudeau-- retiró los fondos públicos correspondientes, por lo que todo el personal tuvo que ser despedido.
También en Canadá, el arzobispo Christian Lépine, de la Arquidiócesis de Montreal, ha presentado una apelación ante el Tribunal Superior de Quebec para detener la aplicación de una enmienda (de 2023) a la Ley de cuidados paliativos que prohíbe a los hospicios excluir la eutanasia de sus servicios. El arzobispo argumenta que dicha enmienda interfiere con el ejercicio de la libertad religiosa y de conciencia, y que representa una apropiación estatal de las propiedades eclesiásticas para propagar la eutanasia. Los abogados de la arquidiócesis de Montreal advirtieron que, si su apelación fracasa, la Iglesia podría verse obligada a retirarse de la provisión de cuidados paliativos, ya que la eutanasia contradice directamente la enseñanza católica sobre la moralidad de la vida.
Y en este contexto, ha sido noticia que el Hospital católico St. Paul de Vancouver (Columbia Británica, Canadá) se negó a practicar la eutanasia a una enferma terminal, razón por la cual el proveedor católico de asistencia sanitaria que lo gestiona -Providence Health Care- ha sido denunciado por los padres de la paciente, que tuvo que ser trasladada a otro centro hospitalario para practicársela.
Los padres también han denunciado al Gobierno de la Columbia Británica, región canadiense donde rige una exención religiosa para no tener que aplicar la eutanasia.
En opinión de los padres, la Carta de Derechos y Libertades de su hija fue violada por la citada exención religiosa.
El hospital católico de St Paul realiza con frecuencia el traslado de pacientes que piden la eutanasia a establecimientos hospitalarios no católicos. Pero el caso de esta enferma terminal ha recibido mucha más atención mediática tras las protestas de sus padres.
En definitiva, este caso supone una nueva vuelta de tuerca para tratar de acabar con la objeción de conciencia de los centros católicos a la hora de realizar eutanasias o abortos.