Las familias con menos ingresos invierten más de seis de cada 10 euros (63%) a gastos de vivienda, suministros y alimentación frente a los menos de cuatro de cada 10 euros que gastan las familias con mayor nivel de ingresos. Tres millones de hogares (16,8%) quedan además por debajo del umbral de la pobreza severa una vez pagado estos gastos básicos. Así lo refleja el informe ‘Ingresos y gastos: una ecuación que condiciona nuestra calidad de vida’, presentado este martes por Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española, y Daniel Rodríguez, miembro del equipo de estudios de la Fundación FOESSA. 

“Desde la aparición del impactante tsunami que desencadenó la pandemia de COVID-19, cuyas consecuencias abarcaron tanto la esfera social como la económica, junto con su inmenso coste en términos de salud, diversos eventos han continuado azotando a las familias y sus economías. Desafíos como el conflicto en Ucrania, el aumento en los costes de los suministros energéticos o la crisis inflacionaria, persisten en poner a prueba la capacidad de los hogares para hacer frente a gastos esenciales como la alimentación y la vivienda”, afirmó la secretaria general de Cáritas Española. 

El estudio señala que, si bien es alentador que los ingresos en España hayan experimentado un incremento del 11% desde 2008, lo cierto es que el contexto inflacionario de los últimos meses ha provocado que los gastos familiares hayan aumentado en un 30%. Esta disparidad es aún más acusada entre los hogares más humildes, ya que el incremento de ingresos en estas familias ha sido prácticamente inexistente (0,5%). 

Esta disparidad entre el crecimiento de los ingresos y el aumento de los gastos -unido al elevado porcentaje de trabajadores pobres (11,7%), y la baja cobertura e intensidad protectora de los ingresos mínimos (sólo lo perciben el 44% de la población en pobreza severa)- está provocando que se desborde la capacidad de muchas familias que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad. De hecho, el porcentaje de hogares en pobreza material severa se sitúa ya en el 8,1% de la población (3,8 millones de personas).

El estudio propone algunas consideraciones tanto en la esfera de los ingresos como en la de los gastos para mejorar el equilibrio financiero de los hogares. Para ello considera decisivo:

1. Acciones concretas y efectivas de intervención para garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada. Por un lado, es decisivo ampliar el número de viviendas sociales en alquiler, lo que brindaría a las familias una opción accesible y segura para obtener viviendas de calidad a precios asequibles. Por otro, incrementar el número de viviendas de emergencia, lo que garantizaría un refugio a familias en situaciones de extrema necesidad y, en última instancia, que nadie se quedase sin techo por adversidades económicas.Planificar y coordinar políticas de empleo focalizadas en los colectivos con un acceso más complicado al mercado laboral y que tenga en cuenta la situación personal y familiar de la persona trabajadora, facilitando la conciliación; un acceso a la formación que no sea exclusivamente online para evitar la brecha digital, y programas formativos acompañados de acciones socio educativas para las personas que constituyen colectivos prioritarios.
2. Abordar la precariedad laboral desde una perspectiva integral. Para lograrlo, debemos trazar un camino que continúe en la senda de la reducción de la temporalidad en los contratos y la parcialidad en las jornadas, permitiendo que más personas accedan a empleos a tiempo completo con todos los beneficios que ello conlleva. Y, por último, en esta lucha contra la precariedad, también se deben mejorar los ingresos, garantizando que estos sean justos y reflejen adecuadamente su contribución a la sociedad.
3. Realizar los cambios legislativos necesarios para que las trabajadoras del hogar, en su gran mayoría, mujeres, alcancen una equiparación plena de derechos laborales y de seguridad social.
4. Establecer un sistema de garantía de ingresos mínimos con cobertura suficiente, alcanzando al conjunto de la población en situación de pobreza severa, incluidas las personas en situación administrativa irregular. Pero también se hacen necesarios la simplificación normativa o la posibilidad de que las prestaciones se asignen automáticamente a las personas que cumplan los requisitos sin necesidad de que éstas tengan que ser quienes las soliciten.
5. El mencionado sistema de garantía de ingresos mínimos también debe ofrecer suficiencia en los montos, es decir, que estén de acuerdo tanto a los precios reales y al coste de la vida, como a la composición familiar. Además, es necesario el compromiso tanto del Estado central como de las autonomías ofreciendo complementariedad entre las prestaciones brindadas por cada uno de los niveles de la administración pública.