El pasado 15 de enero, el diputado autonómico de Vox en el Parlamento de Cataluña, Alberto Tarradas, pronunció un discurso en el que condenaba "el islamismo como régimen social y religioso incompatible con el occidente cristiano, la libertad y nuestro modo de vida". 

Mientras pronunciaba este discurso, la presidenta de la cámara catalana, Anna Erra (de Junts), le hizo una advertencia: "Si vuelve a hacer con su discurso una relación que lleva a un discurso de odio y discriminación por origen, le llamo por segunda vez al orden, a la tercera le retiraré la palabra". 

Tras la advertencia, Tarradas prosiguió: "Hay bares donde dejan de vender alcohol y zonas donde antes las mujeres podían pasear libremente. Ahora vemos a cientos de mujeres cubiertas bajo un Niyab, un velo negro integral que las cubre por completo. Por eso les pido hoy, señores diputados, que despierte, que abran los ojos. El islamismo es incompatible con la democracia, el islamismo es incompatible con la libertad, el islamismo es incompatible con nuestro modo de vida occidental, el islamismo no entiende de estados ni naciones, solo de tierra sometida y de tierra por conquistar". "El islamismo predica la desigualdad, situando a la mujer y a los infieles como seres inferiores". En ese momento, la presidenta Anna Erra le retiró la palabra al diputado autonómico de Vox. 

Además de toda la gravedad de retirar la palabra a un diputado en el 'templo de la palabra' que son las cámaras legislativas -algo a lo que también se ha aficionado, censurando intervenciones, la actual presidenta del Congreso español, la socialista Francina Armengol, a la que se le presupone defensora de la libertad de expresión… ¿o no dicen eso los socialistas?-, además de la gravedad de retirar la palabra en un Parlamento -insistimos-, se da la circunstancia de que quien lo hizo fue una integrante de Junts. 

Es decir, del partido de Jordi Turull, quien recientemente, tras lograr la cesión de la competencia en materia inmigración por parte del Gobierno de Pedro Sánchez (“delegación integral de las competencias de inmigración”), -aunque luego el Gobierno socialista lo ha matizado, negado, etc. -al aceptar votar los tres decretos urgentes del Ejecutivo socialista, llegó a declarar: "No actuar contra los delincuentes multirreincidentes es poner en peligro la convivencia y la cohesión"-. 

Turull añadió: "Cataluña debe tener una política nacional de inmigración, guste o no guste". "Este chantaje de acusarnos de xenófobos porque queremos abordar la política nacional de inmigración es absolutamente indigno". 

Junts, además, es el mismo partido político que aspira a conseguir, tras esa cesión competencial, una base de datos de la Policía con los nombres de todos los inmigrantes en Cataluña.  

También es la formación cuyos alcaldes de Junts de la comarca del Maresme piden la expulsión de delincuentes extranjeros reincidentes. “Si no han venido a integrarse y a trabajar como hace la mayoría de la población, no tienen cabida en nuestra casa”, afirma el alcalde Buch. Recuerden que en los años 80, Jordi Pujol prefirió a los inmigrantes musulmanes...

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Y luego está la alcaldesa de Ripoll, Silvia Orriols, que fundó un partido político, de nombre Aliança Catalana, presidido por ella misma, que ahora gobierna en Ripoll (localidad gerundense de 10.000 habitantes) quien exclamó: “Permitir la entrada masiva de inmigrantes musulmanes es un error que podemos pagar muy caro, porque básicamente los musulmanes no reconocen las democracia europeas ni nuestras leyes civiles”. 

Orriols asusta a Junts debido a su ultranacionalismo catalán y a su discurso claro contra la inmigración ilegal y sus consecuencias. Pero sobre todo porque aspira a presentarse a las próximas elecciones autonómicas catalanas y eso puede costarle muchos votos a los antiguos 'convergentes'. 

¿Quizá por eso Junts esté radicalizando su discurso antiinmigración? Pero no le gusta que lo haga Vox. A eso se le llama incoherencia.