En el Día Internacional de la Discapacidad, Madrina se centra en las madres con discapacidad, en riesgo de perder a sus hijos. "Ninguna madre debería perder a sus hijos por tener una discapacidad. Es un derecho fundamental que debe ser protegido y respetado", declara Conrado Giménez, presidente de Fundación Madrina.
La Fundación, al igual que Margarita López Anadón, experta en derecho de familia y de menores en riesgo y desamparo, denuncian la falta de aplicación de medidas menos agresivas, como expedientes de riesgo o guarda voluntaria, antes de recurrir a la separación familiar. "Vemos con preocupación cómo se están utilizando medidas desproporcionadas que traumatizan a los niños y rompen vínculos familiares fundamentales", añaden.
Casos alarmantes han llegado a la atención de esta abogada, como el de una niña de 10 años que, tras tres años bajo tutela, recibió una evaluación de discapacidad del 54%. O el de un niño de 22 meses separado de su abuela, desarrollando mutismo selectivo. Estos casos plantean serias preguntas sobre el impacto psicológico y emocional de estas intervenciones en los menores. Margarita López Anadón señala: “El desamparo es una medida de protección que dicta la Administración, y se aplica desde el mismo momento, sin intervención alguna por parte de ningún juez ni ningún Fiscal. El juez revisa dicho desamparo y puede revocarlo, pero ello demora por lo menos mínimo un año”.
"La discapacidad no debe ser un obstáculo para la maternidad. Es responsabilidad de todos crear una sociedad inclusiva donde todas las madres, independientemente de sus capacidades, puedan criar a sus hijos con dignidad y autonomía", señala Conrado Giménez, presidente de Fundación Madrina
La fundación también señala con preocupación la aparente correlación entre la tutela estatal y el diagnóstico posterior de discapacidades en los menores. "Es llamativo cómo niños sin discapacidades previas terminan con evaluaciones de discapacidad intelectual tras ser separados de sus familias", comenta un experto colaborador de la fundación.
Otro punto de controversia es el trato que reciben las familias durante estos procesos. Testimonios recogidos por la fundación hablan de un trato "despectivo y cruel, más propio de la inquisición que de un servicio social moderno". Esta actitud, según la fundación, viola el principio fundamental de integración familiar y dificulta enormemente el mantenimiento de vínculos afectivos cruciales para el desarrollo de los menores.
Madrina y López Anadón hacen un llamado urgente a las autoridades para revisar y reformar estos procedimientos. "Es crucial que se respete el espíritu del Convenio de Nueva York y se implementen medidas que realmente protejan a las madres con discapacidad y a sus hijos", concluyen.
La Fundación insta pues a las autoridades a:
- Implementar políticas que garanticen que ninguna madre pierda la custodia de sus hijos debido a su discapacidad.
- Asegurar que todos los espacios públicos sean completamente accesibles para madres con discapacidad.
- Proporcionar apoyo financiero y recursos para la adaptación de viviendas y la provisión de cuidados necesarios.
- Desarrollar programas de formación y empleo adaptados a las necesidades de las madres con discapacidad.
"La discapacidad no debe ser un obstáculo para la maternidad. Es responsabilidad de todos crear una sociedad inclusiva donde todas las madres, independientemente de sus capacidades, puedan criar a sus hijos con dignidad y autonomía", añade Giménez.