La Comunidad de Madrid continúa su andadura contra la Lomloe. Un paso más en su batalla desde que, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso cargara contra el adoctrinamiento de la Ley Celáa, después de que la presidenta madrileña se dirigiera así a la Izquierda: "Lo que quieren es cambiar a los romanos por los perroflautas o a los Reyes Católicos por los de Galapagar...".

Así, tal como recoge El Mundo, la CAM ha presentado ante el Tribunal Supremo su recurso contra el real decreto de Bachillerato aprobado por la ministra de Educación, Pilar Alegría. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso considera que el texto tiene "una elevada carga ideológica" y hay en él una "ausencia de contenidos esenciales". Pone como ejemplo algunos términos que se repiten a lo largo de todas y cada una de las asignaturas, aunque no tengan relación directa con ellas, como sostenibilidad (que aparece 130 veces) y perspectiva o igualdad de género (que sale 54 veces).

Ponen además, por ejemplo, las asignaturas de Biología, Geología y Ciencias Ambientales, donde han contabilizado "una carencia de conocimientos mínimos correspondientes al 50% de los saberes básicos que deben desarrollarse". Al mismo tiempo, añade Madrid, "hay un exceso de referencias a ideología que el Gobierno central considera más importantes".

El Ejecutivo madrileño entiende que este texto supone una "intromisión del Estado más allá de lo legalmente permitido que puede suponer la conculcación directa de hasta ocho derechos constitucionales". Estos derechos están reconocidos en la Carta Magna en los artículos 1 (pluralismo político), 16.1 (libertad de pensamiento y conciencia), 16.2 (libertad declarativa), 20.1.c (libertad de cátedra), 27.1 (derecho a la educación y libertad de enseñanza), algo que desde el principio negó la exministra de Educación, doña Isabel Celaá, 27.2 (ideario educativo constitucional), 27.3 (derecho de los padres a elegir el tipo de educación de sus hijos), porque, no lo olviden, los hijos no pertenecen a los padres, y 27.5 (programación general de la enseñanza).

Madrid es la primera comunidad autónoma que recurre el currículo del Gobierno central. También la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa) ha pedido amparo al Supremo por "la imposición ideológica" del currículo de Primaria.