La Comunidad de Madrid ha abierto la escolarización de alumnos en el segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, Especial, Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato para el curso 2022-2023. Es un proceso que afecta a los cerca de 2.000 centros educativos que en la región se sostienen con fondos públicos.
Este año se estrenan baremos, entre los que destaca la priorización de la proximidad al centro del domicilio de los padres como criterio principal de admisión, en contra de la Lomloe del Gobierno sociopodemita. "Se mantiene la libertad de elección de centro de las familias como uno de los pilares fundamentales de la educación madrileña", destacan desde la Consejería de Educación que dirige Enrique Ossorio. Y se hace, recalcan, "dentro de las competencias del Gobierno regional". Dentro de las competencias del Gobierno regional, dado que el Ejecutivo Sánchez se empeñó desde el principio de la Ley Celaá en asfixiar a la concertada eliminando precisamente esa libre elección de centro de los padres. Además, la 'ley Celaá' suprime el concepto de "demanda social" con lo que estos centros no podrán ampliar sus plazas, aunque haya padres que así lo quieran, si hay hueco para un alumno en la enseñanza pública.
Pero el Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso va más allá con los nuevos baremos de escolarización al contabilizar al concebido no nacido en el caso de un alumno solicitante que pertenezca a una familia numerosa.
Y rechazo de la CAM a la cultura del mínimo esfuerzo de la Lomloe ya que los alumnos que soliciten una plaza de Bachillerato habrán de tener presente que este curso se tendrá en cuenta el expediente académico del solicitante. "Se hace con el fin de respaldar al esfuerzo como uno de los pilares básicos de la educación madrileña", inciden desde el departamento de Educación.