Empecemos este reportaje analizando el informe de Save the Children que El País utiliza para publicar una noticia con el título “España está a la cabeza en desigualdad entre colegios concertados y públicos del mundo desarrollado”.
Por si no ha quedado claro por dónde ‘van a ir los tiros’ el diario resalta en el subtítulo: “Los centros religiosos representan tres cuartas partes de la enseñanza concertada”.
Pues bien, en dicho informe, titulado Por una escuela concertada inclusiva, cuyo autor es Alfonso Echazarra —responsable del área educativa de la organización en España se concluye que el factor principal que explica la segregación socioeconómica en España es el cobro de cuotas por parte de los centros concertados, que actúa como barrera de acceso para el alumnado de familias vulnerables. Y, hete aquí, que la ONG propone adoptar una serie de medidas, como una “financiación mejorada, gratuidad real y reglas de juego equitativas en los procesos de admisión” para que la concertada “pase de ser parte del problema a parte de la solución de la iniquidad equitativa”.
Desconocemos si, queriendo o sin querer, El País ha dado con la clave de la situación de la concertada: esa financiación mejorada. ¿Esto qué quiere decir? Pues, tal como explica Óscar Rivas, director de Comunicación de la Fundación Educatio Servanda, que gestiona los centros concertados Juan Pablo II,: “En efecto, esa es la parte más interesante del informe y me parece que en ellas reside el meollo de la cuestión. Save the children diagnostica la necesidad de mejorar la financiación, de manera que comprende que la enseñanza pública concertada sufre un problema de infrafinanciación que obstaculiza eso que la ONG denomina “igualdad real”.
Sólo un dato representativo para comprender en qué consiste esa infrafinanciación que sufre la concertada: un alumno de estos centros le cuesta al Estado la mitad que uno de la pública. En concreto, tal como recoge ABC en un artículo: “El Gobierno de España gasta 9.720 euros por estudiante en las instituciones públicas de primaria, mientras que, en las privadas, el gasto es de 4.557 euros por alumno”.
De esto, analiza Rivas, podríamos extraer varias conclusiones:
La primera: si lo que gasta por alumno el Estado es lo que en verdad cuesta cada estudiante, entonces el Estado está promoviendo una discriminación flagrante contra millones de alumnos al asignar a la concertada la mitad de su coste real.
En segundo lugar, si el coste por alumno que se gasta el Estado resulta excesivo, en ese caso incurre en un problema de extrema ineficiencia que podríamos calificar de despilfarro.
En tercer lugar, en una u otra hipótesis, la concertada, a través de su gestión heroica, ahorra mucho dinero a los españoles, pues no debemos olvidar que son ellos quienes pagan la enseñanza pública. Por último, la actitud reactiva del Gobierno hacia la concertada evidencia un inequívoco afán de perjudicar a todo aquel que no transige con modelo único, laicista y politizado.
La actitud reactiva del Gobierno hacia la concertada evidencia un inequívoco afán de perjudicar a todo aquel que no transige con modelo único, laicista y politizado
No deja de ser una paradoja que quienes dicen defender la pluralidad y diversidad educativa, persiguen el mundo plural y diverso que representa la concertada. Es digna de recuerdo la pretensión del Gobierno de suprimir la educación especial, en contra de la opinión de los padres y los intereses del niño.
Además, llegados a este punto, Rivas aclara: a decir verdad, la “gratuidad” de la enseñanza es muy relativa, ya que sale de los bolsillos de los españoles. Son los españoles quienes a través de sus impuestos la hacen posible. Por esta razón, el Estado debería ser más cuidadoso a la hora de gastar nuestro dinero. Con ello no quiero decir que haya que reducir la partida presupuestaria en materia de educación, sino denunciar que el creciente despilfarro se produce a costa de la calidad de la enseñanza.
Perfil del alumnado
En cuanto al perfil del alumno de la concertada, contra el ‘mantra’ que repite la izquierda respecto a que en estos centros los estudiantes con menores recursos son excluidos, Rivas responde: “El proceso de admisión está sujeto a un marco regulatorio muy estricto que establecen las propias administraciones. Ni los colegios concertados pueden elegir a los alumnos, ni las familias tienen completa libertad para elegir los colegios que desean para sus hijos. Lo segundo supone un grave problema. Si la educación ha de servir como un canal de mejora en todos los sentidos, estaremos de acuerdo en que las familias han de poder elegir qué modelo de enseñanza entienden que facilita esa mejora vital para sus hijos. Pese a lo cual, los derroteros por los que nos llevan las políticas educativas gubernamentales nos conducen hacia un modelo único y doctrinario que orilla la demanda social de las familias, merma su capacidad de elección y coagula su libertad ideológica.
Volviendo al informe de Save the Children, por ejemplo, dicho informe afirma que la escuela concertada cobraría cuotas que provocan una discriminación socioeconómica. Lo cual no puede menos que sorprender -explica el director de Comunicación de Educatio Servanda- teniendo en cuenta que la renta mínima de inserción y el ingreso mínimo vital se toman como criterio preferente para el acceso a un colegio concertado. En Madrid, de hecho, es el segundo que más puntos otorga.
A modo de síntesis, los colegios concertados impulsan iniciativas que enriquecen el marco público educativo, servicios adicionales voluntarios que no siempre ofrece la enseñanza estatal: extraescolares, excursiones y se adaptan de forma personalizada a las necesidades de las familias y de sus hijos, por ejemplo, como clases de refuerzo de asignaturas. Como es natural, dichas actividades implican un coste que las familias saben valorar a través de sus donativos. De otro modo, acudirían a la enseñanza estatal. Es una cuestión de libertad. Nadie obliga a una familia a acudir a un colegio si prefiere ir a otro. La voluntad de las familias es soberana y nosotros respetamos esa voluntad.
Si los colegios católicos son abundantes es porque hay familias que lo demandan. Si lo demandan es porque creen que lo que aquellos le ofrecen se adecúa a lo que desean para sus hijos. ¿Acaso no consiste en eso la libertad?
Contenido ideológico
Cuando la izquierda política habla de enseñanza pública suele oponerla a la concertada. Al hacerlo no sólo confunde premeditadamente lo público con lo estatal, sino que destierra a la concertada del ámbito de lo público.
Es evidente que si hay una enseñanza pública que surge a iniciativa del Estado, también hay una enseñanza pública que nace de la sociedad; los colegios Juan Pablo II, que gestiona la Fundación Educatio Servanda, son un buen ejemplo de ello, pues surgen por iniciativa de un grupo de familias cristianas que, preocupadas por la deriva de la educación en España, deciden responder a la emergencia educativa de Benedicto XVI.
Hace unos años Juan Carlos Corvera, presidente-fundador de esta Fundación, ponía un ejemplo que me parece muy gráfico: los taxis prestan un servicio público que, sin embargo, no es estatal. Gracias a Dios, la enseñanza pública educativa es mucho más rica y plural de lo que afirma el Gobierno.
En Hispanidad hemos insistido en la razón primera de ese ataque a la concertada: gran parte de estos centros son católicos. De confirmarse, tal como expresa Óscar Rivas, director de Comunicación de Educatio Servanda, estaríamos hablando de cristianofobia y la cristianofobia nunca puede tener cabida en una Democracia que se funda en el Estado de Derecho
Frente al modelo en blanco y negro estatalista, que adoctrina y contradice la diversidad social, el panel de colores que ofrece la enseñanza concertada es infinito. No es casual, que florece con más intensidad en aquellos espacios donde hay más libertad; que allí donde hay libertad, las familias más vulnerables encuentran en la concertada el mejor acomodo a su situación y a sus posibilidades. Sin enseñanza concertada, ese panel de colores al que acabo de aludir quedaría reducida a dos: la enseñanza estatal y la enseñanza privada. En cuyo caso, ¿quién podría huir del adoctrinamiento del Estado? Únicamente los ricos.
Parece obvio, que los españoles no desean ese escenario. La presencia de una escuela pública de iniciativa social, sólida, libre y plural es la mejor garantía de que tanto la clase media como la clase trabajadora puedan acceder a una enseñanza de calidad, accesible en lo económico, excelente en lo académico, y libre en lo ideológico.
Colegios concertados… y religiosos
Como señalábamos al principio de este reportaje, tal como nos recuerda El País, “Los centros religiosos representan tres cuartas partes de la enseñanza concertada”.
Desde Educatio Servanda, Óscar Rivas nos confirma: Aunque ahora mismo no conozco la cifra, es un hecho cierto que un alto porcentaje de colegios concertados son católicos. Pero, ¿qué problema hay en ello? Si los colegios católicos son abundantes es porque hay familias que lo demandan. Si lo demandan es porque creen que lo que aquellos le ofrecen se adecúa a lo que desean para sus hijos. ¿Acaso no consiste en eso la libertad?
A veces tengo la impresión -en Hispanidad también la tenemos, de hecho hemos insistido mucho en ello- de que cuando desde las élites políticas y mediáticas se ataca a la escuela concertada, la razón de fondo de dicho ataque no reside tanto en el hecho de que sea concertada, como en que, en buena medida, sea católica. De ser así, las conclusiones serían preocupantes, porque estaríamos hablando de cristianofobia y la cristianofobia nunca puede tener cabida en una democracia que se funda en el Estado de Derecho.
Como conclusión, Rivas recuerda que “Afortunadamente, son miles las familias que cada año depositan su confianza en centros concertados. Dados los obstáculos que la Administración estatal pone en nuestro camino, si queremos seguir respondiendo a las necesidades de las familias, no tenemos más remedio que proponer soluciones creativas que enriquezcan el tiempo que sus hijos pasan con nosotros. Si la enseñanza concertada sobrevive, ello es gracias a las familias y a pesar de la administración estatal. Coincidimos, por tanto, con Save the children: hay un problema de financiación y es lo que llevamos años reivindicando. Por no hablar de la equidad en las reglas del juego”. Pero ese tema daría para otro reportaje igual o más extenso que este que nos ocupa…