Las escuelas concertadas de Cataluña han perdido más de 15.000 alumnos en los últimos cuatro cursos, según datos de la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat.
El director general de Centros Concertados y Privados de la Generalidad, Xavier Güell, ha atribuido estos cierres al descenso de la natalidad, y asegura que se produce «más o menos un cierre de 3 o 4 centros al año».
Entendemos que Güell se refiere a la natalidad de madre española, ya que en 2023 nacieron en Catalunya 54.182 bebés, según datos del Instituto d'Estadística (Idescat), la cifra más baja desde el año 1995, que representa una disminución del 3,9% en relación a 2022. De ellos, 35.408 son hijos de madre española, lo que representa una disminución de 2.551 nacidos vivos (-6,7%), por contra, 18.774 son hijos de madre extranjera, que representa un aumento de 351 más que el año anterior (1,9%).
Volviendo al cierre de centros, Vox pide que se reconozca la importancia de la escuela concertada y se garantice una financiación adecuada. En este punto, recordamos que esa es la clave de la situación de la concertada: la necesidad de una financiación mejorada. ¿Esto qué quiere decir? Pues, tal como explicaba a Hispanidad Óscar Rivas, director de Comunicación de la Fundación Educatio Servanda, que gestiona los centros concertados Juan Pablo II,: "(...) Save the children diagnostica la necesidad de mejorar la financiación, de manera que comprende que la enseñanza pública concertada sufre un problema de infrafinanciación que obstaculiza eso que la ONG denomina “igualdad real”.
El partido de Abascal denuncia que los cierres demuestran «la persecución que viene padeciendo la escuela concertada por parte de la Generalidad». «Es un modelo amparado en la Constitución», asevera, antes de reiterar la necesidad de que administraciones consulten a las familias la preferencia de elección del centro educativo (la mejor opción sería el cheque escolar, por el que apostamos en Hispanidad) «para planificar correctamente las plazas que se han de ofertar». Desde la Escuela Concertada señalan que la izquierda y el separatismo «incumplen con la financiación», y «buscan» arrinconarles con requisitos y exigencias «para propiciar la absorción por el régimen público».