Una docena de gobernadores republicanos y más de 200 congresistas del Partido Republicano se están implicando de lleno en una lucha judicial por una ley de Mississippi para restringir el aborto, cuyo resultado podría tener consecuencias para leyes similares en todo el país, recoge Infocatólica de APNews.
La fiscal general republicana de Mississippi presentó la semana anterior un escrito en el que pide al Tribunal Supremo que anule el caso Roe contra Wade, la histórica decisión judicial de 1973 que legalizó el aborto en todo el país. Porque Mississippi quiere hacer cumplir su ley de 2018 que prohibiría el aborto después de las 15 semanas de embarazo.
La única clínica de aborto de Mississippi está desafiando la legalidad de la ley de 2018, argumentando que restringe inconstitucionalmente el acceso al aborto. El más alto tribunal de la nación norteamericana probablemente escuchará ese caso en el otoño, y tomará una decisión probablemente en 2022.
Alrededor de una docena de otros estados han aprobado prohibiciones del aborto similares o más restrictivas, que podrían entrar en vigor si el Tribunal Supremo de EE.UU. anulara el caso Roe v. Wade.
Una docena de estados han aprobado prohibiciones similares del aborto que podrían entrar en vigor si el Supremo de EEUU anulara el caso Roe v. Wade
A principios de este año, el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster firmó la «Ley de Carolina del Sur sobre el latido del feto y la protección contra el aborto», que obliga a los médicos a realizar ecografías para comprobar si el feto tiene latido, algo que suele detectarse unas seis semanas después de la concepción. Si se encuentra, el aborto sólo puede realizarse si el embarazo fue causado por violación o incesto, o si la vida de la madre está en peligro.
Los abogados de Planned Parenthood presentaron inmediatamente una demanda, y toda la ley fue bloqueada para que no entrara en vigor hasta que se celebre un juicio que está en suspenso a la espera del caso de Mississippi.
En 2019, la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, firmó una ley que prohibiría casi todos los abortos, sin excepciones para los casos de violación e incesto. Un juez federal bloqueó la entrada en vigor de esa medida.
«No hay nada malo en devolver esta cuestión a la gente», escribieron los abogados de McMaster, y añadieron que permitir que los estados manejen la cuestión individualmente «debería bajar la proverbial alta temperatura que se da en estos debates», disminuyendo la polémica sobre el aborto en las instancias judiciales y las campañas presidenciales.
Alexis McGill Johnson, presidenta de Planned Parenthood Action Fund, dijo en un comunicado que los republicanos «quieren prohibir el aborto de forma absoluta», algo que calificó de «profundamente alejado de la opinión pública estadounidense, cuyo 80% apoya el acceso al aborto seguro y legal».
También han firmado el escrito de McMaster los gobernadores de Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Iowa, Missouri, Montana, Oklahoma y Texas.