Hace poco más de un mes, se aprobaba la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, una de las leyes estrella del Ministerio de Igualdad. Y una vez más y como ya es costumbre en las leyes de Irene Montero, fue aprobada desoyendo las recomendaciones de los expertos. Irene no ha querido escuchar ni a la progre ONU, que ha advertido de las consecuencias de la Ley. Tampoco se ha escuchado a los médicos y ni caso a los numerosos casos de trans arrepentidos que advierten de las consecuencias irreversibles de esta ley, ni a otros países que ya tenían leyes como esta y han dado un paso atrás por el aumento de estos casos y por las consecuencias de la norma. 

Uno de los puntos más polémicos del texto es la autodeterminación de género, es decir, el cambio de sexo en el Registro Civil sin necesidad de informe ni tratamiento médico a partir de los 14 años. Si se trata de personas menores de 18 años y mayores de 16, podrán pedir la rectificación del sexo de forma autónoma, y entre 14 y 16 años, lo podrán hacer, pero asistidos por su padre, madre o tutor legal. En cambio, entre los 12 y los 14 años se necesita una aprobación judicial y el juez puede pedir las pruebas que considere necesarias. 

En España, 14 comunidades autónomas ya contemplaban la autodeterminación de género: País Vasco, Andalucía, Cataluña, Canarias, Extremadura, Madrid, Murcia, Baleares, Comunidad Valenciana, Navarra, Aragón, Cantabria, La Rioja y Castilla-La Mancha. Aprobadas y promulgadas por gobiernos, tanto del PSOE como del PP

La norma reconoce la identidad de la persona trans a través de un procedimiento administrativo en el Registro Civil, donde la persona interesada expresará su voluntad ante el funcionario y será efectivo a los tres meses cuando ratifique su deseo. Así, elimina cualquier informe o diagnóstico médico o psicológico que acredite su disforia de género y la necesidad de haber recibido un tratamiento de hormonas de al menos dos años. 

Lo cual puede llevar a serios problemas. Por un lado, los que hemos visto esta semana con los presos que han pedido su traslado a cárceles de mujeres. Además de las injusticias que pueden sufrir las mujeres biológicas en sus carreras profesionales, como puede ser en el deporte o el caso que conocimos hace unos días en las pruebas a policía de Torrelodones. A lo que hay que sumar la peor de todas las consecuencias, en el que el caso de Juana, madre de Éric, tristemente, es el mejor ejemplo: "Ningún psicólogo trató a mi hijo y ahora está muerto". Éric dijo que era trans al ver unos vídeos, su madre le apoyó, pero ningún médico le trató, al valer tan solo la opinión de la persona trans, Éric no tuvo que ir a especialistas para comenzar con su hormonación, seis meses después, se suicidó. 

Pero a esta realidad no ha llegado Irene Montero, esto ya lo temíamos, estas consecuencias ya podían darse mucho antes. Igual que con el aborto, la ministra Montero lo que ha hecho es dar más pasitos en la implantación de la locura trans. 

Y es que en España, 14 comunidades autónomas ya contemplaban la autodeterminación de género: País Vasco, Andalucía, Cataluña, Canarias, Extremadura, Madrid, Murcia, Baleares, Comunidad Valenciana, Navarra, Aragón, Cantabria, La Rioja y Castilla-La Mancha. Aprobadas y promulgadas por gobiernos tanto del PSOE como del PP.

La ley elimina cualquier informe o diagnóstico médico o psicológico que acredite su disforia de género así como la necesidad de haber recibido un tratamiento de hormonas de al menos dos años

Por ejemplo, la norma catalana, de 2014, no usa el concepto de “autodeterminación de género” pero sí señala que “las personas transgénero y las personas intersexuales deben poder acogerse a lo establecido sin necesidad de un diagnóstico de disforia de género ni tratamiento médico”. La ley manchega, aprobada en 2022, tampoco lo emplea, pero especifica que “ninguna persona podrá ser requerida a someterse a pruebas o exámenes para determinar su orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, desarrollo sexual y/o pertenencia a familias LGTBI”. 

Los pioneros fueron los vascos, que en 2012 aprobaron la ley trans, aunque no fue hasta 2019 cuando, mediante una modificación, incluyeron la autodeterminación. La última en aprobarse ha sido en Castilla-La Mancha, en mayo de 2022, que no menciona el concepto de autodeterminación, aunque sí indica que la Administración pública facilitará la adecuación de la documentación al género de las personas trans cuando no han realizado el cambio de la mención registral del sexo. De 2022 es también la norma de La Rioja. En 2021 salió la de Canarias y en 2020, en Cantabria. 

Andalucía se sumó en 2014, esta se desvincula “de la necesidad de aportar diagnósticos médicos previos que acrediten una disonancia estable entre el sexo biológico y la identidad de género sentida como propia”, algo que vuelve a reiterar en sus artículos 2 y 9. Extremadura lo hizo en 2015,estableciendo que “ninguna persona podrá ser obligada a someterse a tratamiento, procedimiento médico o examen psicológico que coarte su libertad de autodeterminación de género”. 

Madrid y Murcia aprobaron sus leyes en 2016. La ley trans de Madrid apunta que “en ningún caso será requisito acreditar la identidad de género manifestada mediante informe psicológico o médico”. Esta puede ser de las más sonadas en estos días, puesto que Ayuso ha anunciado que apoyará a Vox para derogar la ley trans regional.

Continuando con la lista, Baleares en 2016 especificó que “las personas transexuales se podrán acoger a lo que establece esta ley sin que haga falta ningún diagnóstico de disforia de género ni ningún tratamiento médico”. En 2017 siguieron el camino la Comunidad Valenciana y Navarra, en las que también se exime a las personas trans de cualquier evaluación médica o psicológica para ser reconocido por la administración pública. Y en 2018, Aragón.

Insistimos, Irene amplía la ley trans. Pero en España uno podía autodeterminarse mujer u hombre mucho antes de que esta señora fuera ministra.