The Objective informa de que la Abogacía del Estado ha asumido la defensa de Irene Montero en el procedimiento civil que la ministra de Igualdad enfrenta por presunta intromisión ilegítima al derecho al honor de Rafael Marcos, expareja de María Sevilla, a quien acusó -sin mencionarle directamente- de ser un maltratador. Es decir, que Montero no tendrá que pagar de su bolsillo su defensa, lo pagaremos entre todos.
La ministra estaba citada este miércoles al acto de conciliación previo a la demanda que va a interponer en su contra Rafael Marcos, expareja de la mujer indultada en mayo pese a haber sido condenada por secuestrar al hijo de ambos. Sin embargo, la Abogacía del Estado ha comunicado que su representada, Irene Montero, no comparecería en la conciliación. Un acto al que no estaba obligada por ley a asistir.
Recordar que el exmarido de la asesora podemita, presidenta de Infancia Libre, María Sevilla, indultada por el Gobierno Sánchez, se querelló contra Irene Montero y Ángela Rodríguez Pam por intromisión ilegítima al derecho al honor. También lo hizo con la periodista de Público, Ana Pardo de Vera, por llamarle «pederasta», cuando fue absuelto de 6 acusaciones falsas.
A través de sus abogados, Marcos, solicitó que Montero se retractara de unas declaraciones en las que afirmó que era un maltratador. Le reclamaba, además, 85.000 euros y que publicara una rectificación de su palabras.
También pidió que se retractara la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, por presentar a Marcos como un maltratador y abusador de su hijo y de su expareja, Sevilla. En este caso se reclamaron 65.000 euros, además de reconocer que las declaraciones no eran verdad y publicar una rectificación.