La magistrada Lucía Avilés, titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Mataró (Barcelona), hace unos días mostraba orgullosa en su perfil de Twitter que el Gobierno de Pedro Sánchez se comprometía a tipificar la violencia económica como una forma de violencia machista más. «Es una de las grandes violencias ocultas y se entrecruza siempre en el relato de las víctimas, siempre hablan de esta, aparte de la sexual, física o psicológica», dice. Su petición, explica a ABC, se retrotrae a un juicio del pasado mes de julio. Aunque ella, asegura, ha tenido que sortear decenas de condenas a hombres maltratadores que «estrangulan económicamente a sus víctimas a través de la monitorización de sus gastos, su alimentación, higiene o, incluso, el calzado... El control de su esfera personal».

Avilés también solicitó al departamento que dirige Pilar Llop que se establezcan cláusulas de responsabilidad civil que permitan una reparación integral del daño causado a las mujeres maltratadas cuando se produce un impago alimenticio de los hijos. En dos comunicaciones del Ministerio de la Presidencia y de Justicia a la magistrada de Mataró, el Ejecutivo determina que, en efecto, todo ello «se castigará de manera específica y adecuada» y reconoce que aún no se ha incluido esta realidad en el ordenamiento jurídico.

En la misma línea la Fiscalía General del Estado acaba de instruir a sus fiscales territoriales acerca de la necesidad de pedir el embargo de los bienes de los agresores que desde la cárcel evitan pagar a sus víctimas e hijos.

La juez instó al Ejecutivo a que estas acciones sean motivo de una sanción penal. En su caso, recayó en julio pasado en sus manos la segunda condena a un hombre por impago de pensión alimenticia. «No había abonado durante cuatro años y sí disponía de dinero, como se pudo comprobar. Se exige para considerarlo delito dos meses consecutivos, o cuatro salteados, y él estuvo cuatro años. Pero las sentencias civiles anteriores lo habían desligado de un contexto de violencia de género, cuando también constaba esa condena. La mujer en el juicio estaba presa del miedo, muy nerviosa. Estaba ahogando a la mujer para seguir controlándola y someterla», no solo durante la duración de la relación sino, sobre todo, una vez separados. El maltrato económico es una vía para intentar recuperar de algún modo el dominio perdido o perpetuarlo, enfatiza la magistrada. Y en muchas ocasiones, durante años, ellas viven sometidas y no se atreven a denunciarlo. «Dependen de ese dinero para sus hijos, es una pescadilla que se muerde la cola. Pero quien deje de pagar para que su hijo vaya al colegio con unas zapatillas, tenga gafas, le costee un tratamiento médico o coma caliente, también incurre en un delito de abandono» de sus obligaciones parentales, concreta.

El Gobierno conviene ahora con ella en que «la violencia económica es una de las dimensiones a las que se ha prestado menos atención por parte de los legisladores» desde que se impulsó la norma de 2004 y que no ha encontrado respaldo como categoría delictiva.

La violencia económica se suma a la violencia digital o a la violencia vicaria que las radicales feministas aplican al caso del hombre que utiliza a sus propios hijos o a los de su pareja para causarle daño a esta... aunque en el caso de que la violencia la ejerza la mujer, al parecer, no existe término específico.