En 2019, cuando ni Podemos -ni, por tanto, Irene Montero- había llegado al Gobierno, las violaciones registradas en España fueron 1.873. En 2021, con la formación morada -y Montero- en el Gobierno de coalición, las fuerzas y cuerpos de seguridad registraron 2.143 denuncias por el delito de agresión sexual con penetración, un 34,3% más, que en 2020, cuando se registraron 1.596. Son datos agregados provenientes de la Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y policías locales que proporcionan datos al Sistema Estadístico de Criminalidad.
Son datos del Balance de Criminalidad publicado por Ministerio del Interior que recoge que en 2022 se denunciaron cada día casi seis violaciones: una cada cuatro horas y cinco minutos.
Las violaciones suponen el 12,6% de las denuncias de delitos contra la indemnidad y libertad sexuales, que fueron 17.016 en 2021. Esta cifra constituye un crecimiento del 11,1 % con respecto a 2019 y del 29,1 % con respecto a 2020, año en el que se cometieron menos delitos debido al confinamiento domiciliario en el contexto de la pandemia.
Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019, en España sólo se denuncian el 11 % de las violaciones, a pesar de que el 2,2 % mujeres mayores de 16 años reconoce haber sido víctima de esta violencia sexual (más de 450.000). Los motivos más citados por las mujeres para explicar por qué no denunciaron estos delitos están la vergüenza (40,3%), el haber sido menor cuando tuvo lugar (40,2%), el temor a no ser creída (36,5%) y el miedo al agresor (23,5%).
Si tenemos en cuenta todas estas cifras, cabría pensar que las políticas puestas en marcha a favor de las mujeres por parte del Ministerio de Igualdad, de la podemita Irene Montero, no han servido para reducir la criminalidad. Al contrario, los datos se incrementan año a año, mientras se registran variantes de esas agresiones sexuales, por ejemplo, de agresores que actúan en grupo.