Lo primero que hay que dejar claro es que el acuerdo entre el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y Desokupa se limita a defensa personal, es decir, no es formación para desalojar a okupas, algo que vendría muy bien pero que chocaría frontalmente con la política del Gobierno Sánchez, que protege a los delincuentes, todos vulnerables, naturalmente, en detrimento de los malvados propietarios.

 

Da lo mismo, porque sólo la palabra Desokupa provoca movimientos sísmicos en la izquierda. Por ejemplo, Sumar habla de “infiltración ultraderechista en el Estado” y califica a Desokupa de “grupo violento”. Podemos, por su parte, ha vuelto a solicitar la ilegalización de esta “organización paramilitar”, mientras justifica la okupación ilegal de viviendas, como hace toda la izquierda española.

El Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Maslaska, uno de nuestros peores ciudadanos, ha salido al paso anunciando la posible impugnación del acuerdo. “Interior garantizará (…) que cualquier formación externa, aún cuando no esté reglada y carezca de valor académico, respete plenamente los valores democráticos y los principios constitucionales, como única forma de realizar la acción policial garantizando los derencos y libertades de los ciudadanos”, afirma.

Esos mismos valores que llevaron a los antidisturbios a cargar contra los ancianos concentrados pacíficamente en Ferraz o los valores de Bildu, socio del Gobierno, que mantiene en sus filas a terroristas condenados por delitos de sangre.

La Dirección General de la Policía se ha desmarcado del acuerdo e insiste en que “no es homologable ni baremable”.