La Fiscalía de Ceuta ha pedido doce años de inhabilitación en cualquier cargo público -tanto de ámbito estatal como autonómico o local- para la vicepresidenta de la Ciudad y consejera de Presidencia, María Isabel Deu y para la exdelegada del Gobierno, Salvadora Mateos, por el presunto delito de prevaricación administrativa continuada en la devolución a Marruecos en agosto de 2021 de 55 menores.

La acusación pública ve probado que tras la crisis migratoria de mayo de 2021, cuando “se produjo la entrada masiva e irregular en Ceuta de alrededor de 15.000 inmigrantes de los cuales unos 1.200 dijeron ser menores y fueron filiados como tales”, la vicepresidenta de Ceuta emprendió “diversas actuaciones” para agilizar la repatriación “por la vía de hecho” de los niños marroquíes, recoge El Faro de Ceuta.

La Fiscalía considera probado que "se acordó repatriar la devolución de los menores, sin determinar si alguno de ellos se hallaba en situación de vulnerabilidad en su país de origen o si con ello el interés del menor podía verse perjudicado”, añade Ceuta Televisión. Según la Fiscalía de Ceuta, los niños fueron deportados "contra su voluntad y con ayuda de la fuerza pública".

Además, el Ministerio Público opina que ambas buscaron amparo en un Acuerdo entre España y Marruecos de 2007 que nunca se había implementado para “eludir las responsabilidades administrativas y penales en que eran perfectamente conscientes que iban a incurrir”.

Según la Fiscalía de Ceuta, los niños fueron deportados "contra su voluntad y con ayuda de la fuerza pública

A juicio de la Fiscalía “ambas eran perfectamente conocedoras de su ilícito proceder”, pues el propio Acuerdo de 2007 exige “observancia estricta” tanto de la legislación española como de la internacional y de la Convención de los Derechos del Niño, explica El Faro de Ceuta.

El Mundo añade que, según la propia declaración de las dos imputadas, su actuación estuvo bendecida por el Ministerio del Interior en todo momento, pues "la intención fue evitar someter su actuación a la legalidad" y recoge un correo electrónico entre la Delegación del Gobierno local y el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska compartiendo información.

Sin embargo, una de las entidades que ejerce la acusación particular, en este caso la Red Española de Inmigración, ha insistido en señalar al Ministerio de Interior como principal responsable, al interpretar que una autonomía y una Delegación del Gobierno 'per se' no pueden activar tratados internacionales.

Por otra parte, y en relación a la tragedia de Melilla del pasado 24 de junio en la que murieron al menos 23 personas, la Fiscalía no aprecia indicios de delito en la actuación de los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, por lo que ha emitido un decreto de archivo de las diligencias de investigación.

Estos asuntos recuerda a lo que acontece estos días en EEUU, cuyo Tribunal Supremo ha extendido las devoluciones 'en caliente' del anterior presidente, Donald Trump.