Desde Hispanidad hemos denunciado en más de una ocasión que la Reforma de la Ley del Aborto de Irene Montero se carga la conciencia de los sanitarios. Irene quiere garantizar que la matanza se realice en centros sanitarios públicos y, excepcionalmente, en clínicas privadas acreditadas. Y para conseguirlo pretende regular la objeción de conciencia de los médicos, porque la objeción individual no puede afectar al acceso al aborto, según la señora Ministra. Y como solución, han copiado el modelo de la Eutanasia, creando un registro de objetores de conciencia en cada comunidad autónoma, es decir, que quien no quiera realizar abortos debe comunicarlo para que desde los centros de salud pública puedan asegurarse de que haya el personal sanitario suficiente para realizar los abortos.
Ahora el texto normativo está en el Congreso y el Ministerio de Igualdad ha remitido la memoria de análisis del impacto normativo de su Reforma de la Ley del Aborto, a la que ha tenido acceso Okdiario, y en la que el propio ministerio admite que la creación de un registro de objetores: "entraña ciertamente un riesgo considerable en materia de protección de datos, en la medida en que una pérdida de confidencialidad podría tener un impacto potencialmente muy significativo, por el riesgo asociado de provocar consecuencias para la carrera profesional, actos de discriminación o daños reputacionales, entre otros".
Pero a Irene y su equipo le da igual que su ley se cargue la vida de niños y la carrera profesional de los médicos, ya que Igualdad justifica la medida porque "conlleva importantes beneficios, tanto para las personas interesadas (poder hacer efectivo su derecho a la objeción de conciencia), como para la entidad responsable". Insistimos, ¿no sería mas lógico un registro de personas que sí quieran realizar abortos?
Y ojo, porque en su cinismo, Montero, que no conoce límites, continúa con su gran mentira de que esta ley es buena para todos, por lo que el registro es beneficioso "en última instancia, para la sociedad, en tanto que permite, de un lado, garantizar a todas las mujeres igual acceso a la prestación con independencia del lugar donde residan, y, de otro, garantizar los plazos legalmente establecidos".
A este respecto el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Manuel Martínez-Selles, denunció que el registro de médicos objetores al aborto: “Puede utilizarse el día de mañana para decidir contrataciones, ascensos, etc.”. También recogió Hispanidad las declaraciones en El Mundo de Tomás Cobo, presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), sobre el registro de médicos objetores. A este respecto, Cobo cree que "un registro de objetores al aborto aporta muy poco; sería más útil un registro sobre los profesionales dispuestos a dar esta prestación".
Ahora el ministerio también lo reconoce, pero todo sea para que las mujeres puedan abortar sin problemas. ¡Faltaría más!