La Consejeria de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid ha remitido una carta al Ministerio de Igualdad trasladando, a petición del Observatorio de Violencia de Género alertando de su "preocupación al comprobar la petición de ayuda de personas que, habiendo realizado el cambio registral de sexo, siendo ahora femenino, figuran en Viogén como agresores cuando su sexo era masculino".  

Es más, "alguna de las víctimas de violencia está siendo atendida en el mismo punto municipal al que pretende acceder su agresor". La Comunidad de Madrid carga de esta manera contra el punto más polémico de la Ley Trans de Irene Montero. La autodeterminación de género, es decir, el cambio de sexo en el Registro Civil sin necesidad de informe ni tratamiento médico a partir de los 14 años. Si se trata de personas menores de 18 años y mayores de 16, podrán pedir la rectificación del sexo de forma autónoma, y entre 14 y 16 años, lo podrán hacer, pero asistidos por su padre, madre o tutor legal. En cambio, entre los 12 y los 14 años se necesita una aprobación judicial y el juez puede pedir las pruebas que considere necesarias. 

Por esta autodeterminación, cualquiera, puede decir y decidir cómo se siente, si hombre o mujer, y cambiar su sexo en el registro, con todas las consecuencias que eso conlleva. Y es lo que se está viendo en casos de violencia de género. Si un hombre maltrata a una mujer en los Tribunales se considera violencia de género, pero si ese hombre cambió su sexo en el Registro y pasó a ser mujer, a ojos del Tribunal, es violencia intrafamiliar, delito que acarrea penas menores. 

Ante este aviso, la Ministra ha contestado.

Sí, asegura Redondo que los casos aislados no pueden elevarse a categoría: ¿dónde quedó aquel canto feminista de cada víctima cuenta, yo si te creo hermana y ni una más?

El asunto es que para la Ministra son casos aislados: puede decírselo a Marta, su pareja supuestamente la maltrataba pero está a la espera de juicio porque su expareja se ha cambiado de sexo: "El cambio registral hace que la víctima no tenga consideración de victima de violencia de genero, por tanto, no puede acceder a ninguno de los recursos por serlo".

También se lo puede decir a la víctima de un hombre ceutí, a la espera de determinar si cuando fue maltratada su agresor se sentía hombre o mujer. O a otra víctima que no puede ni solicitar una orden de alejamiento contra su expareja, porque dice que es mujer. O a las dos víctimas de Antonio, ahora, Milan, que se sienten "indefensas y desamparadas" ante el cambio de sexo de su agresor, el cual también ha solicitado un indulto al Gobierno porque dice sentirse "una persona nueva". Por no hablar de los casos en los que el cambio de sexo se hace para poder solicitar un cambio a una cárcel femenina. 

Pero ya saben, son casos aislados, como cuando comenzó el Covid, no tiene ninguna relacion con que en 2006 se recibiera una sola solicitud de cambio de sexo y en 2023 se registraran 5.139 cambios en el Registro Civil.

Y todo esto ocurre mientras Sánchez amenaza a Ayuso: o ella también incluye la autodeterminación en la ley madrileña o irá al Constitucional... y, ¿de quién depende el Constitucional?

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