Vox ha sido el único en pedir pruebas de edad para los inmigrantes ilegales en la Comunidad de Madrid que ocupan plazas en los centros tutelados de menores. En concreto, el Grupo Parlamentario ha llevado una propuesta al Pleno que permita realizar pruebas periciales exhaustivas para determinar “fielmente” la edad de los MENAs y “con el mínimo margen de error posible”, como ya hiciera en otras provincias.

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Con esta medida se establecería un protocolo general bajo la tutela de la Comunidad de Madrid para determinar la edad de todos los ilegales tutelados por la región mediante pruebas concretas, como la radiografía de la cresta ilíaca de la cadera (técnica Risser) o el examen radiológico o TAC de la epífisis proximal de la clavícula.

Por su parte, la portavoz de Vox en la Cámara madrileña, Isabel Pérez Moñino, ha defendido que esta medida “En Aragón, el 90% eran mayores de edad “, y ha añadido que “ni son niños, ni mucho menos niñas, son varones maduros que en la mayoría de los casos no son menores de edad”.

Que sean mayores de edad, tal como explica Vox en su web, influye significativamente en las consecuencias penales que se aplicarían al inmigrante ilegal en caso de cometer un delito en territorio nacional. Por eso, desde el partido de Abascal lamentan que el Partido Popular de Ayuso se haya sumado a la izquierda para votar en contra de la propuesta que si apoyaron en la Comunidad Valenciana.

Claro que en Hispanidad ya hemos escrito en más de una ocasión sobre la incoherencia de la presidenta madrileña respecto a la inmigración ilegal: por un lado pido "estar al lado de personas que llegan en situaciones infrahumanas" y, por otro, se pregunta: "¿cómo integro a personas que no sé que arrastran detrás?"

La presidenta madrileña parece haberse respondido ella misma: en Madrid: os mantengo en centros como los de Hortaleza y Batán, sembrando el miedo entre los vecinos y, en el sur de la región los ubico en municipios 'obreros', como Fuenlabrada o Parla.

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