En Hispanidad denunciamos la detención de una banda de okupas que utilizaban menores para declararse vulnerables, evitar el desalojo y luego alquilar o vender la vivienda. La banda ofrecía habitaciones por 200 y 500 euros al mes o la posibilidad de quedarse con la vivienda por 3.500 a 4.500 euros a los okupas. Pero el negocio no acababa ahí, también ofrecían sus servicios al legítimo propietario, a cambio de unas tarifas que oscilaban entre los 8.000 y 10.000 euros: se comprometían a echar al okupa que ellos mismos habían metido.
Además, publicamos los anuncios que se podrían encontrar en internet: "Vendo piso de patada en la sierra de Madrid con DNI entregado, luz, agua y calefacción", "Banco Santander, obra nueva áticos en Vallecas", "Hola,busco piso patada de banco en Terrassa o alrededores con urgencia, solo de banco,gracias". Un negocio perfectamente ilegal y muy lucrativo, ¿para qué van a conformase con una vivienda okupada en la que vivir cuando pueden okupar varias casa y alquilarlas?
Parece que no se trata de hechos aislados sino de una práctica común entra las mafias de la okupación. Según publica el diario El País, una investigación denominada 'caso Squatter' ha sacado a la luz las mafias que se han embolsado miles de eruos de bancos y fondos por desalojar las viviendas que ellos mismos había okupado.
En concreto habla de un caso, un gran propietario, Anticipa Real Estate, controlada por el fondo Blackstone, y una mafia okupa de Barcelona, que fue desarticulada a finales de año. Al parecer, durante la pandemia, el grupo okupa entró en decenas de viviendas vacías en el sur de Barcelona.
Según ha conocido el medio, los documentos muestran un acuerdo bajo el concepto de "ayuda al realojo" con pagos de hasta 10.000 euros para recuperar la posesión de la vivienda. Los pagos iban entre los 6.000 y 8.000 euros, por el que los okupas se comprometía al desalojo de la vivienda.
Pero pese a estos acuerdos, la indefensión del propietario era la misma puesto que no había seguridad del desalojo. Además, si no ponían en marcha protocolos de seguridad, las mafias okupaban de nuevo la vivienda. Anticipa reconoce que “ha pagado a distintos ocupantes por la fuerte presión regulatoria que favorece la ocupación ilegal” y alerta de que la okupación es un "grave problema" en España.