La Comunidad Valenciana, Baleares y Madrid, tres regiones con un nexo en común. En todas ellas se han registrado casos de abusos a menores. En Valencia, 175 menores «bajo la tutela» del Gobierno valenciano han sufrido abusos sexuales en un año, según cuantifica el informe del Síndic de Greuges. La información, suministrada por la propia Generalitat, constata los casos recogidos entre el 20 de junio de 2020 y la misma fecha de 2021. De ellos, 127 se produjeron bajo acogimiento residencial y 48 en régimen de acogimiento familiar, datos que no significan que tuvieran lugar en dichos ámbitos. Recordar además que, según El Mundo, un informe de la Conselleria de Oltra que se incorporó a la investigación contabiliza en un año hasta siete víctimas de entre 0 y 3 años.

Tras la imputación de seis altos cargos de su Conselleria, Mónica Oltra (Compromía), ha asegurado que se trata de una “querella de la extrema derecha”, con lo que este hecho, defiende, “ya determina los intereses que hay detrás”. Ha lamentado que se haya abierto una cacería política a unas funcionarias que llevan décadas haciendo su trabajo “excepcionalmente”. El juez los ha citado a declarar el próximo 28 de febrero para que expliquen su actuación en el caso del abuso de una menor en un centro tutelado en el que el ex marido de Oltra, Luis Ramírez Icardi, condenado a cinco años de prisión, 

En el caso de Baleares, los hechos se remontan a la mañana de Navidad de 2019 cuando una adolescente de 13 años tutelada por los servicios sociales pidió auxilio a su monitora por WhastApp y denunció que había sido víctima de una violación grupal. Poco después, el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) reconoció tener bajo su tutela a 16 menores víctimas de explotación sexual, 15 niñas y un niño. Según publica ABC, los monitores y la Policía llevaban años alertando de esta lacra social en informes internos sin que los responsables del IMAS, que tienen la tutela de estos niños, lograran atajarla. Los encuentros sexuales entre los niños y proxenetas se producían en bares y pisos ubicados en los barrios más pobres de la capital balear, como Son Gotleu o Corea, y en determinadas plazas de la ciudad.

A partir de que se conociera lo sucedido, los socialistas liderados en la Comunidad por Francina Armengol, con MES y Unidas Podemos, llegaron incluso a rechazar la investigación de dichos abusos a niñas de entre 13 y 17 años a cambio de drogas, regalos o dinero.

Y en el caso de Madrid, diez menores fueron liberadas de una red de explotación sexual, todas españolas salvo una dominicana y una rumana, tienen entre 14 y 16 años. A cuatro de ellas los agentes las vincularon desde el principio a centros de menores de la Comunidad de Madrid, otra a un centro de Guadalajara, otra vivía con su familia y otra ya era mayor de edad, entre otras situaciones, han informado a Europa Press fuentes policiales, que desconocen bajo qué tutela estaban estas chicas.

La Consejería de Familia, Vivienda y Políticas afirmó en un principio que ninguna de las víctimas estaba siendo tutelada por la Comunidad de Madrid antes de explotar la operación policial. Posteriormente, la consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid compareció por el caso de las menores tuteladas prostituidas. La consejera del área, la popular Concepción Dancausa, defendió la actuación del Gobierno regional en el caso de dichas menores señalando que no hay un caso en Madrid como en Valencia o Baleares porque las menores tuteladas afectadas son víctimas de la trama desarticulada y porque las vejaciones y delitos las sufrieron fuera de los centros de protección y no dentro. En Hispanidad, repetimos lo que dijimos en su día: ¡Vaya consuelo, señora Consejera!

Estos menores han sido desprotegidos por las administraciones que, en el caso de Madrid, pregona -así lo manifestó la consejera de Familia, Concepción Dancausa, la "defensa del interés superior del menor a otros intereses". No da esa impresión, señora Dancausa. 

Tampoco resulta justificado, como sostuvo la vicepresidenta valencia, Mónica Oltra que no hay trabajadores implicados en los abusos a menores tutelados... excepto en el caso de su exmarido.

Ni que en los casos de Baleares la presidenta socialista Francina Armengol mire para otro lado, reconociendo que se trata de un "problema gravísimo"... pero es responsabilidad del Consell de Mallorca... asimismo, controlado por los socialistas. 

No suele suceder que a los gobiernos de izquierdas y derechas tengan nexos en común pero en el caso de estos niños en las tres comunidades de Valencia, Baleares y Madrid, hay un elemento que se repite: el sufrimiento, los abusos y las vejaciones que han sufrido menores a los que la administración debía una protección que no se les ha proporcionado. Ya se sabe, a la hora de educar y proteger, quién mejor que el Estado. Que se lo digan a Isabel Celaá.