Las sentencias de dos casos de agresión sexual han puesto al Movimiento Feminista en contra de la Fiscalía. Además de suspender la entrada en prisión de los 3 acusados, ya que las penas están en ese límite de dos años de cárcel y con el requisito de que no reincidan, dichas sentencias recogen que deben participar en un programa de educación sexual.
El primer caso -tal como publica El Mundo- ocurrió en junio de 2018 cuando dos agentes de policía, de 37 y 38 años, fueron detenidos en Estepona (Málaga) por delitos de agresión sexual a una joven de 18 años, a la que acudieron a ver a su casa tras un encontronazo en la calle. Las acusaciones, tanto la ejercida en nombre la víctima como la Fiscalía, pasaron de solicitar 30 y 33 años de condena, respectivamente, por violación a conformarse con una pena de dos años por agresión sexual. No se llegó siquiera a celebrar un juicio, después de que los agresores reconocieran el delito y repararan el daño, con una indemnización de 80.000 euros a la joven, cuya defensa intentaba evitar el proceso de «revictimización» que habría supuesto la exposición mediática ante un tribunal.
El segundo caso, el de un encargado, de 67 años, de una finca agrícola en Mula (Murcia), que violó a una jornalera a la que tenía contratada en mayo 2019. El hombre, que reconoció la violación, vio reducida la pena por agresión sexual a dos años de prisión, tras un acuerdo entre la partes que la Fiscalía asumió.
También otro curso -más tres meses de servicios sociales- en este caso de "capacitación" maternal permitió a Juana Rivas -una de las 'madres protectoras' de Irene Montero- recuperar la patria potestad de sus hijos. Recordemos que Rivas fue condenada por sustracción de menores tras desaparecer con sus dos hijos y que recibió después un indulto parcial. Pero, en su caso, el Movimiento Feminista calló...