Flori ha conseguido recuperar su casa. Vive en Barcelona, pero tiene un piso en Marbella que puso en alquiler con opción a compra. Lo alquiló, pero al tercer més la inquilina dejó de pagar y le dijo a la propietaria que no le iba a pagar más. 

Los inquiokupas han estado viviendo en la casa durante año y medio sin pagar. En ese periodo han vendido los muebles de Flori y han dejado el piso completamente destrozado: cortinas, paredes y electrodomésticos grafiteados, muebles rotos y heces en los colchones. 

Estamos ante una inquiokupación, aquellos okupas que primero son inquilinos, luego inquilinos morosos y pasan a inquiokupas que no quieren abandonar la propiedad arrendada pese a no pagar. De acuerdo con los datos de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, los 'inquiokupas' representan el 70% de los casos de okupación en España. Estos casos caen en 'tierra de nadie': por ejemplo, Sánchez propuso desalojos en 48 horas, pero sólo para casos de ‘allanamiento de morada y ocupación ilegal de bienes inmuebles’, por lo que este tipo de situaciones quedan fueran y los propietarios se ven obligados a comenzar un calvario judicial. 

Si los afectados deciden iniciar un proceso judicial para que la Justicia les devuelva su casa, el procedimiento puede alargarse durante meses o años por la prohibición que hay en el Real Decreto 11/2020 de los desalojos y desahucios. Y es que lo más común es que los inquiokupas se declaren vulnerables, algo que también le pasó a Flori. Su inquiokupa se declaró en situación de vulnerabilidad, pese a que Flori comprobó por redes sociales que trabajaba e incluso podía permitirse el lujo de viajar: "¿Vulnerable? Vulnerable yo que estoy pagando una hipoteca", denunciaba Flori a Antena3. 

Y de postre, tal y como alerta la Plataforma de Afectados por la Ocupación, la nueva ley de vivienda ignora este tipo de okupaciones, llegando incluso a favorecer al okupa.