El PP presentó una moción contra la okupación en el Congreso. En concreto instaba al Gobierno a acabar de una vez con el decreto antidesahucios, una medida que puso en marcha en la pandemia y que ha seguido prorrogando. El Gobierno social-podemita aprobó el Real Decreto 11/2020, el cual se ha convertido en un absoluto escudo para los okupas, que se declaran en vulnerabilidad. Así los inquilinos dejan de pagar y si el propietario toma medidas da comienzo un largo proceso: el juez inicia el plazo para que el okupa acreditela vulnerabilidad, el inquiokupa no lo acredita, se archiva la pieza, y el proceso de desahucio se reanuda, se marca nueva fecha, pero el inquiokupa vuelve a presentar un incidente de suspensión por vulnerabilidad, y vuelta a empezar. Mientras tanto, los propietarios no reciben el dinero del alquiler y tienen que seguir pagando hipoteca, luz, gas, agua, comunidad y suministros. Sino, podrían ser acusados de acoso o coacción contra el okupa.
Algo que sólo se ha agravado con la nueva ley de vivienda. Pese a ello, sólo votaron a favor PP, UPN y Vox, mientras PSOE, Sumar y sus socios votaron en contra, demostrando, una vez más, que están del lado del okupa.
La problemática es tal que hoy les traemos dos casos que son claro ejemplo de ello. El primero es el testimonio de Cristina Jiménez, una mujer que en 2021 decidió alquilar su piso en Palma, puesto que ella se fue a vivir con su pareja. El dinero del alquiler lo usaría para pagar la hipoteca. A los pocos meses sus inquilinos dejaron de pagarle, han pasado dos años y medio y por fin en marzo los ha conseguido echar, tras cuatro intentos de desahucio: "Mis 'inqui-okupas' me han amargado la vida y he perdido casi 50.000 euros, pero he conseguido echarlos".
Eso sí, la casa está totalmente destrozada, tiene que tirarlo todo y hacer frente a una gran limpieza, Cristina cifra en 20.000 euros el coste de los destrozos: "Tengo que tirarlo todo. La lavadora no tiene ni puerta, la bañera está desconchada, sólo de la cocina saqué seis bolsas grandes de basura... El olor era insoportable".
Pasamos al caso de Javier, que vive en la localidad madrileña de San Fernando, compró el piso en 2021 porque "quería tener un ingreso extra", "Pagaba 500 euros de hipoteca y el alquiler era de 900 euros, me sacaba algo limpio cada mes". Pero desde hace seis meses "no paga el alquiler, ni los suministros, me he metido en un pozo sin fondo y apenas tengo solución".
Pese a que su abogada le ha recomendado a Javier iniciar un proceso de desahucio, él sabe que la ley cae del lado de sus okupas: "Unos meses me da 300 euros, otras nada, una vez me llegó a dar mil euros... pero la deuda es de más de tres mil euros y subiendo cada mes". Sin embargo, si da comienzo al proceso sus inquiokupas pueden dejar de pagarle por completo: "Me dicen que son ocho meses y que, es probable, que cuando le llegue la carta del juzgado se enfaden y me dejen de hacer estos pequeños pagos; entonces empieza un proceso de unos ocho meses donde, si ellos demuestran que tienen una situación de bajos ingresos, va a ser imposible echarlos".
"Ocho meses, me suponen cuatro mil euros de deuda al banco, entonces paso de tener un piso alquilado para que me dé algo de beneficios a tener una deuda enorme. Le mantengo el contrato y voy de buenas porque si le desahucio, me arruino". "Yo me hago cargo del agua caliente, la luz y el gas; además pago la comunidad de vecinos y el IBI porque es mi obligación, igual que las derramas", denuncia.