La ONU, que como todos sabemos se caracteriza por sus buenas intenciones y su total imparcialidad, ha condenado a España, y más concretamente a la fascista Comunidad de Madrid, a una indemnización económica a una familia okupa por vulnerar su derecho a una vivienda. 

Se trata de Josefa Hernández y Ricardo Rodríguez, que se define como "activista social y rebelde": "lucho por oportunidades socio-laborables y por los derechos humanos perdidos". La pareja se quedó sin trabajo y en 2015 decidió okupar un piso propiedad de un banco en Villaverde. Tras varios intentos de deshucio llevaron su caso ante Naciones Unidas en 2018, contando con la ayuda de la abogada y candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, a la cual recordarán porque es la misma que acosó a una embarazadísima Begoña Villacís. Y es que la familia entendía que se estaba vulnerando su derecho a una vivienda porque la Comunidad de Madrid le denegó un vivienda social por encontrarse en situación de okupación. 

A Ricardo Rodríguez quizás también lo recuerden: es el mismo que intervino en un programa de Telemadrid y, cuando una colaboradora le dijo que se pusiera a trabajar, Ricardo contestó: "Dame tú el trabajo". Conforme avanzó el programa, Rodríguez reconoció que sí tenía trabajo. 

"En el momento extremo en que nos quedamos sin empleo, con 426 euros al mes, nos vimos contra la espada y la pared. La alimentación de nuestras hijas ya estaba en juego. Yo pensé como madre, jamás puse en balanza pagar alquiler o dar de comer a hijas. Y tampoco queríamos generar una deuda a nuestro casero", ha explicado Josefa durante una rueda de prensa en la que ha estado acompañada de los portavoces de la Coordinadora de Vivienda de Madrid, de Amnistía Internacional y del actor y director Juan Diego Botto,

"Esto que vivimos es un secuestro de vida, no tenemos vida, no podemos seguir estudiando ni trabajando, toda nuestra vida está en enfocada en conseguir una vivienda de alquiler asequible. Solo queremos salir de esta terrible situación", apuntaba Richard

Ahora, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) de la ONU les ha dado la razón. La resolución mantiene una condena porque no han recibido una vivienda pública ni por parte de la Comunidad ni por el Ayuntamiento, es más, critican al Gobierno regional por haber denegado la vivienda alegando que la familia okupa un inmueble. Al parecer la defensa de la Comunidad de Madrid alegaba que no se habían vulnerado los derechos de la familia, puesto que reciben una renta mínima garantizada de más de 800 euros al mes, disfrutan de sanidad y educación gratuitas, de asesoramiento de los servicios sociales y no se ha procedido al desalojo. Ya han tenido nueve intentos de desahucios, algunos de ellos los han evitado gracias al Real Decreto del Gobierno, aunque temen que cuando el Decreto termine su vigencia puedan ser desalojados. 

Y es que el Decreto 52/2016, de 31 de mayo, exige que uno de los requisitos para acceder a una de estas viviendas es "no encontrarse ocupando una vivienda o inmueble sin título suficiente para ello y sin el consentimiento del titular". Pero, una vez más, la ONU hace oídos sordos a la propia legislación de un país soberano con tal de imponer su criterio. 

"Con esta condena esperamos remover la conciencia, ver llegar a Ley de Vivienda y contar lo que ocurre en España. No se puede invisibilizar este hecho. Somo un ejemplo de familias venidas a menos socioeconómicamente, y tenemos que contarlo. No tenemos presente y el futuro es incierto. ¿Qué es lo que falla? ¿Qué se ha hecho para que un derecho se convierta en un delito? ¿No estamos volviendo locos como sociedad? ¿La política vive en otro mundo?", se pregunta Richard con la voz entrecortada.

Y según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, de la que forman parte los afectados, esta es la octava "condena a España por parte de Naciones Unidas por la vulneración de derecho a la vivienda", han destacado en sus redes sociales. 

Ya saben: el mundo al revés de la okupación, aunque esperamos que no les pase como a los activistas antidesahucios José Luis y Marina, que tuvieron que sufrir la okupación de su vivienda y pidieron el desalojo de la casa: “No entiendo que, habiendo una sentencia que dice que tiene que salir de ahí, llevemos tantos meses de espera”.