Un militar de la base aérea de Alcantarilla (Murcia) pegó a su pareja en un bar pero, pese a que había testigos y que la mujer tiene el parte médico de las lesiones producidas, se ha librado de la denuncia por violencia de género. El motivo: el varón se cambió de sexo registral el año pasado, gracias a la ley trans impulsada por Irene Montero.

Según The Objective, tal como figura en la denuncia, el militar trans (al que en el texto se trata en todo momento en masculino) y su pareja se pelearon porque este le prohibió bailar en el local, la insultó y «en un momento dado, la cogió por el pelo y la lanzó hacia la pista de baile, cayendo al suelo».

La persona denunciada tiene 52 años de edad y es mujer a todos los efectos legales, pues se cambió de sexo registral en 2023, tras entrar en vigor la ley trans. Su DNI también refleja su nueva condición. Sin embargo, mantiene su nombre original y su aspecto físico sigue siendo el de un varón. Es decir, es un trans no normativo.

Basta escuchar a la exministra de Igualdad, Irene Montero, en esta entrevista en la que se le pide que defina qué es una mujer, para comprender por qué la sociedad se está enfrentando a casos como este. 

Al ser varios los casos registrados de maltratadores que esquivan la Ley Integral de Violencia de Género, las víctimas han pedido «una revisión y ajuste de los artículos» de la ley trans «que permiten acciones fraudulentas y situaciones dañinas para las mujeres, menores y las víctimas de violencia machista». Una consecuencia previsible de la norma que, sin embargo, sus impulsoras negaron insistentemente, calificando las advertencias al respecto de «bulos tránsfobos».