La Xunta comenzará a tramitar la primera Ley del Clima de Galicia la próxima semana, con el inicio de la consulta pública previa. Así lo ha anunciado la consejera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, que ha comparecido a petición propia en el Pleno del Parlamento, para dar cuenta de los retos del cambio climático del departamento que dirige. Esto sí que es algo histórico, como lo definiría la ministra Portavoz, Isabel Rodríguez.
Según El Periódico de la Energía, la consejera ha explicado que este texto nace con el objetivo de completar el marco normativo gallego, para contribuir a la consecución de la neutralidad climática en 2050; y establecer un nuevo orden general de prioridades en la política, la economía, la industria y también en la vida cotidiana.
Indicó que estará en línea con los objetivos de la Agenda 2030; se basará en la Estrategia Energética y de Cambio Climático de Galicia 2050, para acelerar el camino que garantice la conservación de los recursos naturales y la recuperación y potenciación de la actividad económica; y tomará medidas para impulsar una reducción del 55% de las emisiones en la Unión Europea para 2030, en comparación con 1990.
En este sentido, ha destacado que la futura ley reconocerá el clima de Galicia como «sujeto de derecho» e incluirá la preocupación por la sostenibilidad del sistema social gallego, para responsabilizar a las futuras generaciones.
Según la ministra, esto pasa también por la apuesta por un sector industrial y tecnológico sostenible, el despliegue de las energías renovables, la consecución de la eficiencia energética, el desarrollo de la movilidad sostenible y el reequilibrio y valoración de los servicios ecosistémicos en el medio rural. En otras palabras, «promover un crecimiento tranquilo que esté comprometido con una transición ordenada», dijo.
Vazquez ha destacado que la Xunta actúa desde hace años bajo una única premisa: Galicia forma parte de la solución al problema del cambio climático. “Un camino en el que se van dando pasos seguros, como lo demuestra la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 23,8% con respecto a 1990”, dijo.
Indicó que, como no puede ser de otra forma, “la Administración autonómica también está haciendo los deberes”, por lo que ya está abordando los trabajos para conocer la huella de carbono de los edificios públicos autonómicos y sus emisiones de gases de efecto invernadero. En base a los resultados, se tomarán e implementarán los pasos necesarios para que sea una administración neutra en carbono en 2040.