En Hispanidad les contamos el caso del piso de Laura, una mujer malagueña que heredó el piso de sus padres y lo usaba como segunda vivienda, enferma de Parkinson, cuando acudía a la capital andaluza, se alojaba en esta vivienda. Su hermano Ricardo, también propietario, era quien usaba el piso de manera habitual.
Un okupa es desahuciado del piso de enfrente y, con un contrato de alquiler falso, okupa su vivienda. Al día siguiente, aprovechando que el okupa no estaba, Ricardo entró en la casa, "volvió el hombre acompañado de cuatro policías nacionales diciendo que él vivía allí de alquiler. Después de más de dos horas hablando con la Policía enseñándole las escrituras y diciendo que el contrato es falso porque vivía enfrente, la Policía no nos hace caso y nos indica que le devolvamos la llave y que eso lo tiene que resolver un juez". Es más, Ricardo terminó detenido.
Para más caradura del okupa, éste alquiló habitaciones a turistas para la Feria de Sevilla. Bajo el nombre de Richard, el okupa ofrecía las habitaciones en varios portales de alquiler por 40 euros. Y así llevan año y medio.
Ahora, el mismo juzgado que ya lo echó del piso de enfrente, el número 24 de Sevilla, iba a proceder a desahuciarlo, pero el okupa ha alegado "situación de vulnerabilidad", y pide retrasarlo hasta diciembre. Asegura que tiene familia y que está en paro desde 2020 por culpa del Covid, pero tal y como ha demostrado el abogado de Laura, su hijo no vive con él.
Recuerda el abogado que el okupa no cumple ninguno de los requisitos legales para que se suspenda el desalojo: para empezar no hay contrato de alquiler, puesto que el okupa entró de manera ilegal en el piso, además, no tiene dependientes a su cargo ni menores. Además, Laura no es una gran tenedora, no tiene más de diez viviendas en propiedad.