Informábamos en Hispanidad de la nueva campaña de los afectados por la okupación ante la posible prórroga del decreto antidesahucios del Gobierno Sánchez, llévate un inquiokupa a la Moncloa: "Adopta a mi inquiokupa". Si son declarados vulnerables -algo muy fácil de conseguir si se tienen hijos menores a cargo, si se trabaja en la economía sumergida o si los ingresos son inferiores a 1.800 euros- no se les puede echar tan fácilmente.

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Es, precisamente ese decreto el que ha arruinado a Kathy, quien alquiló su casa por 300 euros para que no se la ocuparan y su inquilina lleva más de 4 años sin pagarle. "Cuatro años y nueve meses de abuso… ¿Qué más quieren de nosotros?", se pregunta entre la rabia y la desesperación Kathy, presidenta de la recién creada Asociación de Propietarios de Viviendas contra la Inseguridad Jurídica (Aprovij) y víctima de la inquiokupación. Su particular calvario empezó precisamente al poco de aprobarse el polémico decreto y su entonces inquilina se lo dejó muy claro: "No te voy a pagar más, porque sé que estoy protegida y, como me cortes los suministros, te destrozo la casa y la vida".

Recoge Libre Mercado el testimonio de esta propietaria quien, desde entonces, ha emprendido una batalla legal que parece no tener fin y que no solo está arruinando a su familia —lleva más de 25.000 euros perdidos—, sino que también le está costando la salud y casi la vida. "Nadie sabe lo que es esto hasta que no lo sufre en sus propias carnes. Llegas a pensar hasta en suicidarte. Yo misma he tenido que llamar al 024 —dice en referencia al teléfono de prevención del suicidio—, porque es una batalla que libras todos los días, que no te deja ni dormir y te levantas una mañana y tu cabeza te dice que esa es la única solución".

Y, mientras esto sucede, resuenan las palabras de Pedro Sánchez y su Gobierno: la inquiokupación es un bulo, la okupación no existe.

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