LibreMercado se hace eco de la historia de Manoli y Antonio, un matrimonio de Pilas (Sevilla) que decidieron dejar su casa a una familia que buscaba dónde quedarse mientras reformaban su casa. Ahora se arrepienten de su decisión, están arruinados y destrozados psicológicamente, esperando que la Justicia desaloje a los okupas. Y es que, no han recibido el alquiler desde hace 20 meses: "Teóricamente no trabajan, pero en el juicio no sólo reconocieron que efectivamente tienen un Porsche y un Mercedes, sino que se demostró que cobran más de 3.000 euros en ayudas y se ríen en nuestra cara", asegura Manoli. 

Dicho en otras palabras, pasaron de inquilinos a inquiokupas. De acuerdo con los datos de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, los 'inquiokupas' representan el 70% de los casos de okupación en España. Estos casos caen en 'tierra de nadie': por ejemplo, Sánchez propuso desalojos en 48 horas, pero sólo para casos de ‘allanamiento de morada y ocupación ilegal de bienes inmuebles’, por lo que este tipo de situaciones quedan fueran y los propietarios se ven obligados a comenzar un calvario judicial. 

El juez marcó la fecha de lanzamiento la pasada semana, pero no llegó a producirse ya que los okupas aseguraron que no habían recibido la notificación de desalojo, aunque consta como recogida, y que su hija discapacitada se encontraba sola en casa en el momento del desalojo. 

"Antes de irse, habían dejado una llave rota dentro de la cerradura para que no pudieran abrir", explica Manoli, que se cuestiona qué hubiera ocurrido con su hija su hubiera pasado algo en ese momento en la casa, y que la dejaron sola y encerrada: "Si hubiera habido un incendio, allí se hubiera quedado". Cuando los efectivos judiciales consiguieron abrir la puerta, se encontraron con la joven que repitió la versión de sus padres: "Estoy yo sola y no pueden hacer nada hasta que vengan".

"Ni es menor, porque tiene más de 30 años, ni tiene una discapacidad intelectual, porque lo único que tiene es una malformación, y ni siquiera vive allí -denuncia la propietaria-. Obviamente, la estaban utilizado como escudo". Pese a ello, el juez les ha concedido una prórroga hasta el próximo jueves día 16 para abandonar la vivienda. 

"Yo ya no sé si se van a ir o no, pero estoy muerta de miedo", admite Manoli, "Tengo un hijo y una hija en edad de salir y no vivo pensando en que les puedan hacer algo", y es que según denuncia la propietaria su familia ha recibido denuncias falsas y amenazas de muerte. 

"Nosotros la compramos en un momento en el que trabajábamos los dos, pero ahora yo estoy en el paro y mi marido es autónomo y tiene una pequeña panadería con mis cuñados, así que imagínate hasta qué punto necesitamos el dinero con dos hijos que tenemos, una en la universidad y otro en Bachillerato. Hay meses que me tengo que quitar de comer para que el banco no me quite la casa", asegura Manoli.

La propietaria denuncia que le deben 8.000 euros por impagos estos 20 meses, a lo que hay que sumar las facturas de luz y gas: "Nos han llegado facturas de luz de hasta 400 euros y todo eso también lo tenemos que pagar nosotros -subraya mientras se pregunta cómo es posible que la Justicia y el Gobierno consientan esta situación-. Y eso por no hablar de todo lo que debo de comunidad, porque a todo no llego ni quitándome de comer, como te decía".

Manoli y Antonio, por desgracia no son los únicos en una situación similar. Este caso recuerda al de los propietarios de una vivienda que estaban al borde de entrar en "vulnerabilidad social"... por causa de una inqui-okupa que les adeuda 14.625 euros. O el de Rocío, que se fue a trabajar a Estados Unidos y alquiló su casa en Pozuelo de Alarcón: ahora la que era su inquilina se ha declarado vulnerable, aunque es empresaria, conduce un BMW y su hija va a un colegio privado.