A Marcelino el dinero no le llegaba para pagar la residencia de su madre y decidió alquilar la casa familiar para costear esos gastos, a una mujer de cuya solvencia se aseguró una inmobiliaria . Pero, los inquilinos se han convertido en okupas.
"Llevamos así desde junio y lo peor es que, encima de no cobrar, tenemos que pagar los 165 euros al mes de comunidad, porque incluye la calefacción central y el agua caliente", denuncia Marcelino, que recuerda con impotencia que, en estos casos, los propietarios no pueden cortar los suministros, puesto que entonces les pueden denunciar por coacción.
Tal como recoge Libre Mercado, su inquiokupa se ha declarado vulnerable consciente de que, al tener dos hijos, será difícil que la desahucien con facilidad. Sin embargo, Marcelino asegura que "trabaja en b", tiene subalquilada sin su permiso una habitación y recibe numerosas ayudas sociales, entre ellas una para el alquiler. "El piso se lo alquilamos por 505 euros, pero ella sólo pagaba 340", apunta.
Este propietario concluye: "Si, aun así, las administraciones públicas creen que es vulnerable, que se lo paguen ellos o le busquen una alternativa, pero lo que no puede ser es que viva a mi costa, porque entonces… ¿Dónde queda el derecho a la propiedad?".
El caso de Marcelino es uno más de los cientos que registra una Plataforma de Afectados por la Ocupación que no para de crecer.