Según constata el último informe anual publicado por el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), el año pasado, las fuerzas de seguridad registraron un total de 428 casos de menores sustraídos por alguno de sus progenitores.

Tal y como aparece recogido en este documento, en 2021, las fuerzas de seguridad habrían recabado hasta 434 denuncias, la cifra más alta desde 2010, el primer año del que se tienen datos públicos. Además, el Gobierno ha corregido también los datos de 2020, año en el que hasta ahora había mantenido que apenas se habían producido 35 secuestros. Con la nueva actualización, y a pesar del estado de alarma con motivo de la pandemia del coronavirus, Interior cifra los casos en 294.

 

Otro dato más, hace ya cinco años, el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (ICMEC, según sus siglas en inglés), situado en La Haya, publicó un informe en el que revelaba que 7 de cada 10 secuestros parentales son perpetrados por mujeres. La cifra había sido extraída de un pormenorizado análisis de los datos aportados por los distintos países. 

Mientras, en España, donde estando al frente de Igualdad Irene Montero, y a juzgar por las cifras, se han incrementado el número de sustracciones de menores, se afanaba en defender a las calificadas por ella "madres protectoras" como Juana Rivas o María Sevilla.

Recordar que tanto Rivas como Sevilla fueron indultas por el Gobierno Sánchez. A Juana Rivas la Audiencia de Granada le suspendió la pena de prisión , tras ser condenada por sustracción de menores por desaparecer con sus dos hijos, recibiendo después un indulto parcial. En el transcurso de su proceso judicial Juana Rivas pidió que no se pudieran volver a investigar jamás los presuntos abusos sexuales que uno de sus hijos habría sufrido mientras ella los mantenía secuestrados de su padre, en concreto en el mes de abril de 2017.

La suspensión de su condena se condicionó además a que Rivas, que estaba en un tercer grado en el centro de inserción social ‘Matilde Cantos’ de Granada con salidas autorizadas desde junio de 2021- participara en programas de parentalidad positiva, tal y como había solicitado la acusación particular, ejercida por su exmarido, el italiano Francesco Arcuri.

En el caso de María Sevilla, el Gobierno Sánchez indultó a la que fuera presidenta de Infancia Libre y asesora de Podemos en temas de infancia, que había sido condenada a una pena de cárcel de dos años y cuatro meses después de que sustrajera a su hijo en 2019 y lo tuviera apartado de su padre, oculto en una finca de Cuenca y sin escolarizar. La decisión de indultarla la tomó el Consejo de Ministros a propuesta de la ministra de Justicia, Pilar Llop.

La Fiscalía apoyaba un indulto parcial a María Sevilla para no perjudicar la relación con su otra hija, y porque se trataba del primer delito por el que había sido condenada, pese a dejar claro que no había arrepentimiento. Mientras, su hijo adolescente de 15 años, el que secuestró Sevilla, declaraba a El Mundo : "Mi madre me da miedo". «Es mentira lo que dijo de que mi padre me pegó». «No me gustó que me llamara retrasado». «Con ella vivía como en una cárcel, sin amigos y sin estudiar». «No quiero que siga peleando por mí porque estoy bien con mi padre».