Es una reivindicación que viene de lejos, con un planteamiento muy progesista, pero poco práctico. Veamos: el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha vuelto a reprender las políticas de inclusividad educativa de las comunidades autónomas, como ya hizo en 2017, por separar al alumnado que tiene discapacidad. La ONU pide que se derogue toda la normativa que permite la segregación, porque incluso la última ley educativa, la LOMLOE, lo contempla. Pero, señores de la ONU, si una de las grandes obsesiones de doña Isabel Celaá precursora de esa ley era precisamente acabar con la educación especial e integrar a sus alumnos en los centros ordinarios. Y siempre, contra el criterio de los padres, que son los que conocen y deben educar a sus hijos. Pero ese es otro tema...
Volviendo al informe de la ONU, el organismo internacional emitió el dictamen el 22 de marzo porque es el encargado de velar por la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2006 y de la que forman parte 190 estados, entre ellos España, que incumple el compromiso firmado. El informe señala que, en el conjunto de España, el sistema educativo segrega, en la práctica, a más de 40.000 alumnos con discapacidad, del cual un 40% tienen discapacidad intelectual. El comité considera que el Estado cuenta con capacidad para reconducir esta situación «promoviendo su inclusión en el sistema general u ordinario de educación, con apoyos individualizados adecuados, adaptaciones curriculares y, en su caso, ajustes razonables que aseguren la calidad educativa».
señores de la ONU, los niños con necesidades especiales necesitan una atención especial para poder prosperar. Y eso, lo saben mejor que nadie sus padres, que son los que los conocen y los educan, por encima de informes y de Estados
Pero ocurre, señores de la ONU, que su planteamiento supone un intento de igualar a los desiguales. No confundir con una discriminación. Porque, y lo piden los propios padres de los propios alumnos: «Queremos que la educación especial se mantenga tal y como está y que las familias tengan derecho a elegir». Esa es la reivindicación de las asociaciones de padres y madres de alumnos, por ejemplo, en centros de Castilla y León, que agrupan a unas 300 familias, ante «la deriva silenciosa» iniciada por el Gobierno central para que todos los escolares con discapacidad pasen a colegios ordinarios, tal y como recoge la ley educativa Lomloe con el límite temporal de 2030 y como señala un informe de un comité de la ONU que habla incluso de «abolir» y «cerrar» la educación especial.
Además, exigen que se frene la «transformación» hacia una atención meramente «asistencial» en estos centros en los que sí «se enseña lengua o matemáticas y hay un contenido educativo».Y es que, alrededor de un 17 por ciento de menores con discapacidad acuden a la educación especial, donde hay «pedagogía terapeútica, fisioterapia coordinada con los servicios sanitarios, deporte adaptado...». «Aquí no se puede separar educación y salud», recalcó, además de asegurar que en la educación especial «no hay acoso ni exclusión». Porque, lamentablemente, y esto no tiene que certificarlo ningún informe de la ONU ni organismo similar, la realidad demuestra que los niños son crueles y tienden a atacar al diferente. Por lo tanto, señores de la ONU, los niños con necesidades especiales necesitan una atención especial para poder prosperar. Y eso, lo saben mejor que nadie sus padres, que son los que los conocen y los educan, por encima de informes y de Estados.