Una pareja suiza se encuentra en plena lucha contra el gobierno para recuperar a su hija de 16 años, la cual lleva un año fuera de su casa, puesto que podrían perder la custodia por negarse a aceptar su transición de género y por no permitirle el acceso a químicos bloqueadores de pubertad: “Queremos que nuestra hija regrese a casa”, asegura desesperada la madre.
Se sienten víctimas de una alianza entre la escuela de su hija, la Agencia Suiza de Protección Infantil y el Hospital Suizo en Ginebra. Su hija les comunicó que "era un niño", ellos lo interpretaron como "un período difícil de su vida", ya que estaba en plena adolescencia, y buscaron ayuda y consejo médico, todo para salvar la salud de su hija. En el hospital, el personal instruyó a los padres para que la trataran como un niño y en las escuela les dijeron que tenían que empezar con su "transición social", por lo que "todos en la escuela: los maestros y los trabajadores administrativos, empezaron a referirse a ella con un nombre masculino”.
El colegio, junto a una organización que aboga por los “derechos transgénero” llamada Le Refuge, lograron convencer a la niña de que era un niño atrapado en un cuerpo femenino. Colegio, organización y Hospital informaron a la Agencia Suiza de Protección Infantil que introdujo una demanda contra ellos en el sistema judicial suizo, basándose en que los padres no respetaban el cambio de su hija y les acusaron de maltrato, lo que les ha supuesto “muchas noches sin dormir, mucho dolor y una sensación de desesperanza”.
“Ningún ser humano nace en el cuerpo equivocado. Tomar a un adolescente y decirle que nació en el cuerpo equivocado es cruel”, sentencia su padre.
Este caso puede parecer una barbaridad, pero es algo que ya hemos visto en otros países y también puede suceder gracias a Irene Montero: con su ley trans, se permite determinar una "situación de riesgo" para un menor en el caso de que su "entorno familiar" se niegue a respetar su "orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales". Algo que se podría considerar un "indicador de riesgo" que podría conllevar la "intervención de la administración pública competente" para "eliminar, reducir o compensar las dificultades o inadaptación" y "evitar el desamparo y exclusión social" del menor. Como denunció Nagore, la mujer que paró su transición a hombre: "Si sus hijos deciden que quieren hormonarse, tendrán que decir que sí, o les quitarán la patria potestad".
Por cierto, ¿quién le indujo al cambio?