Decíamos ayer que la Policía había descubierto una red de explotación de menores en Madrid, cuya tutela se apresuró a atribuir a la CAM el ideólogo de Podemos Juan Carlos Monedero. Y decíamos también que el fundador de Podemos calla cuando se trata de los casos de explotación de menores tutelados en Baleares y de abusos en Valencia.
Pues bien, ahora el PSOE -que gobierna Baleares con Francina Armengol y en la Generalitat Valenciana con Ximo Puig y Mónica Oltra (Compromís)- ha registrado la petición de comparecencia de la Consejera de Familia, Concepción Dancausa, para dar explicaciones sobre el grupo criminal dedicado a la explotación sexual de menores de edad, a quienes prostituían y utilizaban para la venta de sustancias estupefacientes.
Actitud muy distinta la del PSOE con lo ocurrido en Madrid, la de silencio que ha mantenido en los casos de Baleares y Valencia. Y, aún más sangrante, en el caso de la explotación sexual de menores de Baleares los socialistas, con MES y Unidas Podemos, llegaron incluso a rechazar la investigación de dichos abusos a niñas de entre 13 y 17 años a cambio de drogas, regalos o dinero.
Según El Mundo, las diez liberadas, todas españolas salvo una dominicana y una rumana, tienen entre 14 y 16 años. A cuatro de ellas los agentes vinculan a centros de menores de la Comunidad de Madrid, otra a un centro de Guadalajara, otra vivía con su familia y otra ya era mayor de edad, entre otras situaciones, han informado a Europa Press fuentes policiales, que desconocen bajo qué tutela estaban estas chicas.
Un portavoz de la Consejería de Familia, Vivienda y Políticas ha remarcado a Europa Press que ninguna de las víctimas estaba siendo tutelada por la Comunidad de Madrid antes de explotar la operación policial. Desde la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad aseguran que están cooperando con la Policía en todo lo que requieran.
El Grupo Parlamentario Socialista ha reiterado su defensa del derecho "a que todos los menores en situación de vulnerabilidad, reciban asistencia y protección y es obligación del Gobierno Regional ofrecerles esa protección". ¿También en Baleares y Valencia?