El Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Madrid ha registrado una iniciativa para acabar con el adoctrinamiento en las aulas y recuperar el derecho de los padres de elegir libremente la educación de sus hijos: “No puede ser que se destine el dinero de los madrileños a financiar cursos donde a las niñas les digan que tienen que jugar a ser niños, a los niños les digan que tienen que jugar a ser niñas; y les enseñan nuevas prácticas sexuales, todo esto a espaldas de los padres”.

“Los colegios están para que los niños reciban formación académica neutral, no ideología política”. Así ha denunciado Rocío Monasterio el contenido ideológico de numerosos libros de texto de la región en los que se tratan temas como la Agenda 2030 o identidades artificiales basadas en circunstancias personales.

La de Vox es una llamada a establecer aquello en lo que hemos insistido en Hispanidad, el cheque escolar, que el Estado entregaría a los padres y cubriría el coste total de la educación de su hijo. Con él, los padres elegirían el colegio que prefieren para sus hijos. 

Es decir, el poder educativo pasa de los políticos, o de los empresarios de la educación, a los padres. Y, por supuesto, cuando le das el poder a los padres, que son los que tienen que decidir cómo se educa a sus hijos, cuando la supervivencia de un negocio depende del cliente, entonces la ideología de género desaparece como por arte de magia de las aulas y los destrozadores de la inocencia infantil tendrán que dedicarse a otra cosa.

Vox insta pues al gobierno de Ayuso a revisar los currículos y retirar los libros de texto y material educativo que contenga cualquier tipo de adoctrinamiento o contenido potencialmente dañino que pueda afectar a la inocencia de los menores, y garantizar el conocimiento previo y aceptación de los padres de cualquier contenido afectivo-sexual o ideológico que puedan recibir sus hijos en el aula. 

Porque, recordemos que las dos normas pro-LGTB de Cristina Cifuentes (PP) respaldaban e indirectamente financiaban a los grupos LGTB que les explicaban a los menores en los colegios madrileños cuestiones de homosexualidad, con permiso o no de sus pares. Es más, cuando el director del colegio Juan Pablo II de Alcorcón se negó a aceptar a los grupos LGTB, Cristina Cifuentes le llevó a la Fiscalía. 

Relacionado

Pues bien, Ayuso argumenta a la perfección en favor del derecho a la libertad de enseñanza de los padres. Es más, recuerda que las leyes de Cifuentes, no estaban mal pensadas cuando se programaron pero que "se fueron escorando hacia la izquierda durante su tramitación parlamentaria"... y se cargaron la libertad de enseñanza... e hicieron un daño profundo. 

Y sin embargo, miren por dónde, doña Isabel no deroga ni una de las dos normas de doña Cristina. 

¿Y entonces? ¿De qué sirve argumentar bien y actuar mal... o no actuar?