Lo explica mejor que bien ABC: La Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana atribuye íntegramente a Mónica Oltra el presunto delito de prevaricación, en el caso de los abusos de su exmarido a una menor tutelada- al entender que fue ella quien ordenó abrir una investigación paralela a la judicial -cuando se enteró en agosto de lo ocurrido porque un juez ya había decretado una orden de alejamiento del agresor sobre la víctima- para «desvirtuar la credibilidad de la menor».
«No de otra manera se explica el comportamiento» de los funcionarios a su cargo, «ocultando y desacreditando». «Supone un plan preestablecido. Es evidente que esta orden no fue escrita, dada su flagrante ilegalidad, sino verbal. Y fuerte indicio de que dicha orden fue emitida por la aforada es que todos los que intervinieron en los hechos mantuvieron siempre [...] la misma versión exculpatoria de la Conselleria de Igualdad», subraya el escrito.
«Es imposible que funcionarios de tan diversa naturaleza y categoría, desde técnicos en menores a psicólogos, jefes de servicio y directores de centro y territoriales mantuvieran unánimemente la misma versión de los hechos, lo que constituye un fuerte indicio del sentido de dicha orden verbal que evidencia su carácter de arbitraria e injusta, carente de toda justificación y apoyo en Derecho», argumenta Gisbert.
El expediente reservado, que exculpaba al agresor, se envió en diciembre a la Fiscalía, pero se traspapeló y obligó a repetir parcialmente la vista oral contra Icardi con idéntico resultado. El Ministerio Público lo define como «superficial» y percibe «una línea de ocultamiento de los hechos» para beneficiar al condenado y la máxima responsable de Igualdad. En resumen, entiende que cuando la Conselleria ya no podía controlar lo ocurrido quiso exculparse y utilizó la investigación como «medio idóneo para eludir las posibles responsabilidades políticas y/o penales».
La causa tiene su origen en el fallo contra Icardi de la Audiencia de Valencia y su ratificación en el TSJ. Ambos incidían en el desamparo de la menor por parte de quienes tenían que protegerla y la existencia de una investigación «parajudicial». Tanto la defensa de la víctima -ejercida por el lider de España 2000-, como la asociación presidida por la cofundadora de Vox Cristina Seguí, llevaron el asunto a los tribunales. La formación de Santiago Abascal también está personada como acusación popular.
Además, la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana considera que la gestión de la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, y su equipo de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, en el caso podría ser constitutiva, además de prevaricación, de abandono de menores y de omisión del deber de perseguir delitos.
Por otra parte, según revela el padrón municipal de la localidad valenciana de Ribarroja, Oltra continuó viviendo con su marido durante meses tras conocer la denuncia que pesaba sobre él de abusos sexuales a la menor e iniciarse una investigación parajudicial en su conselleria