Detrás de la queja presentada por la Confederación de Ampas Gonzalo Anaya que denuncia "las diferentes discriminaciones que permite la Conselleria de Educación con el nuevo decreto de admisión que dota de un punto la circunstancia específica en la baremación de la solicitud de plaza" en agunos colegios de Valencia, subyace un ataque a la libertad de enseñanza, emprendiéndola contra la concertada y la privada, en el que insistimos en Hispanidad.
Recientemente, los partidos que gobiernan Valencia en coalición, PP y Vox, aprobaron un decreto de libertad de elección del centro educativo -conocido como distrito único-. El objetivo, permitir que "todo el mundo sea igual y pueda elegir colegio" con libertad, frente a la "imposición continua" del anterior gobierno del Botànic.
Pues bien, parece que no todo el mundo lo ha entendido así y el El Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo valenciano) investigará a la Conselleria de Educación por permitir que algunos colegios usen su punto extra en la admisión escolar (que desempatará más del 60 % de los casos) para "discriminar alumnos".
No se trata de todos los centros, ni mucho menos. Como explican las Ampa, "aunque centenares de centros educativos han decidido no dar un punto por circunstancias específicas, otros, tomando cómo referencia el documento enviado por Conselleria, han ido más allá y han decidido favorecer situaciones familiares que no respetan el principio de acceso en condiciones de igualdad a las familias".
Entre los ejemplos de circunstancia específica discriminatoria dotada de 1 punto para las Ampa, el de la discriminación por religión: ''Alumnado participante en alguna actividad parroquial o hijo/a de agente de pastoral en activo de la Parroquia Ntra. Sra. del Socorro o de otras parroquias.'', acreditado con Certificado del párroco; ‘'Progenitores trabajadores de un centro educativo que tenga ideario católico”; ''Hijo/a de antiguo alumno/a de un Colegio cuya titularidad corresponda a la Diócesis o a una Congregación Religiosa.'
Ocurre que muchos de los centros que de educación concertada y privada son católicos, luego es lógico pensar que muchos padres -católicos la mayoría- quieran llevar a sus hijos allí, simplemente y además de por convicción, por pura coherencia. Ahora bien, como la realidad es tozuda también hay otros muchos padres, que aunque no movidos por sus principios religiosos, pero sí por su naturaleza de padres, -porque, por mucho que insista Celaa, ellos son los que educan a sus hijos- optan por matricular a sus hijos en centros concertados o privados. Y, parece ser, que cada año el número crece. Por algo será.
En Hispanidad siempre hemos apostado porque el sistema ideal no es ni la escuela pública, ni la privada, ni la concertada: el sistema ideal, el que responde al derecho a la libertad de enseñanza es el cheque o bono escolar. Si la educación es un derecho, el Gobierno debe financiarlo con el erario público, pero la forma de enseñanza debe ser decidida por los padres, no por los profesionales de la educación, ni por los empresarios de la educación, ni por los funcionarios y sindicatos, ni por el Estado sino por los padres.
Que el Estado otorgue a las familias un cheque escolar y que los padres lo utilicen para pagar el coste total del colegio, sea este público, privado o mediopensionista.
¿Que por qué la izquierda se niega en redondo a ello? Porque sabe que, a pesar de su enardecida defensa de la educación pública, si se instaurara el bono escolar poquísimos serían los padres que llevarían a sus hijos a un colegio estatal. Y si no tiene ese miedo... que pongan en marcha el cheque escolar.