Decíamos en Hispanidad que pedían 8 años de cárcel para una madre que administró a su hija, entre los 2 y los 4 años, opiáceos y otras medicaciones. Según la Fiscalía, la progenitora, enfermera de profesión, realizó estos actos "conociendo el grave riesgo" que entrañaba para la salud de la niña. En marzo de 2022, se dictó auto judicial por el que se otorgó la guardia y custodia de la menor a su padre.
Ahora, la Audiencia de Pontevedra sentencia a la sanitaria a tres años y diez meses de cárcel y a la pérdida de la patria potestad durante dos años, por drogar a su hija pequeña con la intención de "culpar al padre", del que estaba separada, y, de esta forma, privarlo de relacionarse con la menor.
Según El Mundo, la resolución judicial destaca la "actitud premeditada" de la madre, que denunciaba "el estado somnoliente que presentaba la hija cuando volvía de las visitas con su padre".
La Audiencia de Pontevedra le considera autora de un delito contra la salud pública, en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, y de un delito de maltrato en el ámbito familiar.