El runrún de estas semanas pasadas sobre la nacionalización de la SAREB parece que hoy, martes 18, puede comenzar a hacerse realidad, si el Consejo de Ministros aprueba los mecanismos para poder hacerse con el control total de ese enorme engendro creado por el ínclito Luis de Guindos en el 2012, que pasó de su principal propósito fundacional de reestructurar y recapitalizar el sector bancario nacional, que se encontraba enfangado en la enorme crisis inmobiliaria del 2007, al borde de un colapso financiero, a convertirse en un enorme agujero financiero. Desde un principio espero que nadie se creyese que una de sus premisas fundacionales, que era liquidar en quince años todos los activos financieros e inmobiliarios que figurasen en su balance, se pudiese llevar a cabo, ni aún vendiendo activos a grandes fondos de inversión a precios de saldo como se ha estado haciendo durante una buena parte de su trayectoria. Todo a costa del Erario Público y de las entidades financieras y aseguradoras que componen su accionariado.

¿Qué puede significar esta decisión, cómo se podría instrumentar y, sobre todo, cuánto se habrán dejado en esta aventura financiera las entidades participantes y el Erario Público? Estas son las preguntas que nos estamos haciendo todos los que de una forma u otra participamos en este negocio ruinoso.

Desde el año 2021, Eurostat forzó al Gobierno a incluir la SAREB en las cuentas públicas y éste inició los contactos con el resto entidades participantes en su accionariado, para consensuar la fórmula de su salida de ella. La más probable es la de comprar por un euro la participación, a cambio de poder salvar los créditos fiscales de las pérdidas generadas por la participación.

¿En cuánto se cifran esas pérdidas? De momento, con datos cerrados al 2020 (aún no hay cuentas al 2021), podemos ver que el patrimonio neto se situó en -1.390 millones de euros (M€) desde los -751M€ registrados en 2019, debidos a unas pérdidas de 3.639M€ registradas en el ejercicio. Esto ha obligado a que durante 2021 la SAREB haya realizado una reducción de capital social para constituir una reserva voluntaria indisponible, la conversión de 1.429,6M€ de acciones subordinadas en acciones ordinarias y la reducción de su valor nominal en un 59% (843,8M€) para compensar resultados negativos de ejercicios anteriores. Con todo ello el capital pasa de 1.429,6M€ a 586,1M€, lo que deja el valor del 54,10% de las participaciones en manos del resto de entidades, 317,3M€ inferior al de su suscripción inicial más los 164,4M€ de la amortización del capital al cierre del 2020. Esto hacen 481,7M€ de pérdidas por valoración de participaciones y a los que se añadirían 773,4M€ de la aportación inicial para las entidades. En total, 1.192,1M€ de pérdidas solo por la participación en SAREB.

Allí quedan también 5.974M€ de activos aún por realizar en manos de otras sociedades de la corporación y 7.443M€ de deudas a largo plazo que habrá que pagar. De momento, el balance deudas-activos presenta un déficit de como mínimo 1.469M€. No tiene buena pinta.

La solución al final recae en el bolsillo de los contribuyentes, ya que SAREB sacó muchos miles de millones de activos no recuperables de los balances de las entidades de crédito, que no supieron gestionar sus riesgos en un momento de expansión desmedida del negocio inmobiliario. Estos han asumido un 54,10% de esta responsabilidad con su participación en SAREB. El resto lo hacemos los demás por la mala gestión del riesgo de nuestro Banco Central.

La ministra Calviño hará realidad con esta decisión el sueño “podemita” de la nacionalización de la SAREB, es decir, la nacionalización de otro negocio ruinoso.

Pilar González de Frutos, presidenta de UNESPA, la patronal de las aseguradoras, estaba el lunes encantada con esta posible decisión que afectaría a varias de las grandes aseguradoras que se encuentran en el accionariado de la SAREB.