J.L. Conde Ruiz, subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA)
FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) publica hoy un trabajo de J. I. Conde-Ruiz (FEDEA y UCM) en el que reflexiona sobre la situación de nuestro sistema de pensiones y sobre las reformas necesarias para hacer compatible el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones con su sostenibilidad a medio y largo plazo.
“El sistema de pensiones español se encuentra en un proceso de adaptación a una realidad demográfica cada vez más adversa. Las proyecciones demográficas más recientes prevén que el proceso de envejecimiento será especialmente intenso en nuestro país como resultado de su elevada esperanza de vida y su reducida tasa de fecundidad, de sólo 1,3 hijos por mujer. Esto se traducirá en un fuerte incremento de la tasa de dependencia y en dificultades crecientes para el sistema público de pensiones si se opta por mantener las actuales tasas de reposición”, explica FEDEA.
Conde-Ruiz propone un pacto nacional por las pensiones que debería afectar a los actuales jubilados lo menos posible
De acuerdo con Conde-Ruiz, las reformas de 2011 y de 2013 han empezado a adaptar el sistema de pensiones a esta nueva realidad demográfica pero sólo parcialmente y la segunda reforma ha minusvalorado las restricciones políticas hasta el punto de convertirse en inviable. En la primera reforma se introdujeron gradualmente dos importantes cambios paramétricos, la ampliación del período de cálculo de la pensión desde 15 a 25 años y la elevación de la edad de jubilación de 65 a 67 años. Por otra parte, la reforma de 2013, suspendida durante los dos últimos años, introdujo el llamado factor de sostenibilidad, que ligaba la cuantía inicial de la pensión con la evolución de la esperanza de vida, y una nueva fórmula de revalorización de las pensiones que, con las previsiones actuales, implicaba una cuasi-congelación perenne de las mismas. De acuerdo con el autor, el primer bloque de reformas sólo resolvía un tercio del problema de sostenibilidad mientras que el segundo, potencialmente más efectivo, no resultaba políticamente factible ante la oposición de los jubilados y planteaba problemas de equidad e incluso de eficiencia.
Buscando reconciliar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones con su sostenibilidad de una forma políticamente viable, Conde-Ruiz propone un pacto nacional por las pensiones que debería afectar a los actuales jubilados lo menos posible. De cara al futuro, propone adoptar un sistema de cuentas nocionales con una tasa de rentabilidad sostenible, lo que implicará pensiones menos generosas que el sistema actual. Este nuevo sistema, que presenta ventajas importantes de flexibilidad y transparencia, se aplicaría a los trabajadores menores de una determinada edad, permitiendo que los mayores continúen en el sistema actual si así lo desean. Durante el período transitorio entre ambos modelos, el autor propone dotar al sistema de mas ingresos procedentes del presupuesto del Estado para ayudar a financiar la jubilación de los ‘babyboomers’ y justifica esta inyección de recursos como una compensación por los años en los que las cotizaciones sociales financiaron la sanidad pública en España.