Ayer miércoles 25, en las Cortes de Castilla y León, PP y PSOE se ponían de acuerdo para votar en contra de la tramitación de la proposición de 'Ley de Concordia', una ley que habían presentado el PP y Vox, en el mes de marzo, cuando gobernaban juntos (antes de la ruptura por Vox de todos los gobiernos autonómicos en los que gobernaba junto al PP por estar en desacuerdo con las políticas migratorias de los de Núñez Feijóo en lo referente a los Menas). 

Para explicar este papelón del Gobierno regional del PP (el presidente de la comunidad es el pepero Alfonso Fernández Mañueco) -que se asemeja mucho a los "cambios de opinión" de Pedro Sánchez-, su portavoz en las cortes castellanoleonesas, Óscar Reguera, lo justificaba así: "Dada la coyuntura actual, hay razones de oportunidad, prioridad y prudencia que aconsejan posponer su tramitación". 

Por su parte, el exvicepresidente de la Junta y actual portavoz de Vox en las Cortes, Juan García-Gallardo, metía el dedo en la llaga: "El parecido (del PP) con el PSOE de Sánchez es cada vez más lamentable". 

Poco antes, el secretario general de Vox a nivel nacional, Ignacio Garriga, criticaba  el acuerdo entre el PP y el PSOE para derogar la ley de concordia que acordó VOX con los populares en las Cortes de Castilla y León: «El PP es una estafa política permanente». 

Cabe recordar que el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, recurrió ante el Tribunal Constitucional la  Ley de Concordia que aprobó el Gobierno de Aragón (una coalición entre PP y Vox). Y hoy mismo instaba a la Generalitat valenciana a negociar sobre la Ley de Concordia de esta comunidad (que fue impulsada también por PP y Vox cuando gobernaban juntos), para no tener que llevarla ante el TC. 

Porque Torres es todo un demócrata al que si no le gusta una ley, la recurre ante el TC, sabiendo que el sanchista Cándido Conde Pumpido dará la razón siempre al Gobierno del PSOE...

Las leyes de Concordia fueron impulsadas juntamente por PP y Vox en las CCAA de Aragón, Valencia y Castilla y León para combatir la sectaria 'ley de Memoria Democrática, que imponía el reconocimiento solo de las víctimas del franquismo y no del comunismo y socialismo. 

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